A partir de 1990, la política europea llevada a cabo por los distintos Gobiernos en materia de inmigración y de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los extranjeros sin papeles.
El proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión.
Al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana: la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
En violación abierta de la convención sobre los derechos del niño establece la expulsión de menores como método corriente sin importar mucho la obligación internacional de respetar el « interés del menor » o del « niño ».
En realidad la directiva no es más que la consagración jurídica regional de leyes nacionales de naturaleza xenófoba y a veces hasta racista , como la última ley francesa sobre las migraciones que autoriza el test ADN así como la trazabilidad de orígenes raciales o el caso de la última ley italiana adoptada por el gobierno de Berlusconi en Italia. Los gobiernos actuales ha logrado romper el tabu y están predispuestos a volver a asumir los actos que corresponden a épocas oscuras et oscurantistas- en tanto que practica estructural: discriminación de judíos, crimen de genocidio, nacionalismo de mercado, ....-de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
Antes para los europeos fueron los judíos, hoy son los migrantes y sus propios ciudadanos europeos, a los que se sigue tratando como indeseables, como es el caso de la expulsión de ciudadanos rumanos, que son ciudadanos europeos a parte entera con igual derecho de circular y de establecerse.
Asimismo, la directiva legaliza en el plan regional, la existencia de lo que púdicamente los Estados europeos llaman «centros de retención» que en los hechos son verdaderos campos de concentración, extendidos en toda Europa donde se priva de libertad a ciudadanos – poco importa que tengan una residencia legal o no- sin causa alguna y sin recursos jurídicos eficaces.
A la directiva, hay que agregar el cuadro legal regional europeo que intencionalmente hace la amalgama entre terrorismo, migración y criminalidad transfronteriza, mostrando con ello, el grado no solo de criminalización de los migrantes, sino de verdaderos cuadros jurídico ideológicos xenófobos y discriminatorios. Estas prácticas europeas, en el contexto de gobiernos xenófobos, como el de Francia, España, Dinamarca, Holanda, constituyen de facto la denunciación de tratados de protección de los derechos humanos así como una denunciación de facto de la convención de ginebra sobre el asilo político, que con la directiva, muestra bien que la política de asilo europeo, no fue más que un instrumento ideológico y no de convicción de respeto de los derechos humanos.
