Las acciones del EPP no hicieron más que justificar la represión contra campesinos según el periodista.
El periodista Hugo Pereira Cardozo trabajó como corresponsal de Canal 9 en Concepción y ahora es profesor de la Universidad Nacional de esta ciudad. El mismo ha realizado una investigación sobre “afecciones relacionadas con la fumigación sojera”, que fue presentado el 30 de setiembre de 2010 en el viejo Cabildo.
La cercanía de la población al factor de riesgo, el campo fumigado, implica la exposición durante mucho tiempo de los habitantes de Kuruzú de Hierro al vertido de plaguicidas. Refiere una parte del informe de Hugo Pereira. Fotografía SPP
Señala que del total de 142 personas estudiadas, 85 pobladores han presentado síntomas propios de una intoxicación aguda pocas horas después de estar expuestos a una fumigación en Kuruzú de Hierro (Departamento de Concepción). El
documento se puede bajar de este enlace)
El periodista señala que “resulta por demás llamativo que un hipotético grupo insurgente que invoca al pueblo haya efectuado tal acción en un momento en que la comunidad, el pueblo, estaba ganando la batalla contra la fumigación de agrotóxicos”.
Se refiere al caso de vecinos de la Estancia Santa Herminia, del brasileño
Nabor Both. Sugestivamente, en febrero de 2008, un mes antes del supuesto primer atentado del EPP, los campesinos habían amenazado con ocupar los
sojales del empresario. Pereira mantiene una posición totalmente contraria a la de periodistas “estrellas”, como
Andrés Colmán Gutiérrez, que desde hace años vienen relatando las actividades del EPP, pero en base a datos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional, fuentes que no son fiables.
Más adelante dice que “esto plantea que el “EJÉRCITO PARAGUAYO DEL PUEBLO”, si existe el grupo armado, es en realidad el “EJÉRCITO PARAGUAYO CONTRA EL PUEBLO”, porque sus actuaciones no hicieron otra cosa, en este y otros casos en el Departamento de Concepción, que justificar la represión contra los sectores sociales que dice representar. El colega sospecha que el EPP es un
instrumento de sojeros, ganaderos y terratenientes para criminalizar a los campesinos que denuncian fumigaciones y que luchan por un pedazo de tierra.
A continuación un resumen preparado por Pereira
En el año 2007 se produce en el Departamento de Concepción la extensión de la superficie cultivada de soja más importante, pasando de poco más de 9500 hectáreas, en la campaña 2005/06, a unas 18 mil 100 hectáreas, un salto de casi 100%.
Como nunca en las anteriores campañas agrícolas, se produce también el salto de productividad más importante desde la aparición de la soja en la región. Considerada siempre como una zona no apta para el exitoso desarrollo del cultivo, el rendimiento de kilos de soja por hectárea llegó en la campaña agrícola 2006/2007 a su nivel histórico. Durante las 9 campañas previas se habían obtenido en promedio menos de 1700 kilos de soja por cada hectárea. El rendimiento obtenido en el año 2007 es casi el doble al de los años anteriores.
Concepción ocupa en Paraguay, en 2007, con 3000 kilos del grano por hectárea, el tercer lugar en cuanto a rendimiento, detrás de Caaguazú con 3300 kilos/ha y Canindeyú con 3200 kilos/ ha. El crecimiento proporcional del rendimiento fue sin embargo, en comparación con la campaña anterior, el más alto de la región oriental del Paraguay según se desprende de los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El incremento de kilos por hectárea se produce en 2007 en más del 111 % en relación al obtenido en 2006.
La interpretación de imágenes satelitales por parte de la organización ambientalista GUYRA PARAGUAY permite apreciar que ya existen en el Departamento de Concepción a finales del año 2008, casi 26 mil hectáreas de soja, (más de 4700 hectáreas que las registradas por el último Censo Agropecuario y casi 8000 has más que la extensión que se tenía a principios de 2008.
La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) señala que en Concepción, la soja cubre en el 2010 más de 30 mil hectáreas, aunque la misma se cultive sólo en 57 fincas según el último Censo Agropecuario.
La soja se extiende sobre dos distritos del primer Departamento, Horqueta e Yby Yaú, donde reside más de la mitad de la población rural. El avance de la agricultura mecanizada, consumidora de grandes extensiones de tierra y poca mano de obra, sobre un espacio en que reside un importante número de personas cuyo sustento depende de su terreno, y la fumigación de agroquímicos en los sojales, son factores que han dado lugar a importantes conflictos como el que se originó en la localidad de Kuruzú de Hierro, ubicada en el distrito de Horqueta, donde los pobladores fueron relacionados con el “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP).
En ambos distritos se concentran 6 de cada 10 integrantes de la población económicamente activa (PEA) del Departamento dedicada a la mini-agricultura.
Las insistentes denuncias realizadas por pobladores de la localidad campesina de Kuruzú de Hierro por fumigación irregular de agroquímicos en el sojal ubicado frente a sus viviendas, habían prosperado en la Fiscalía del Ambiente, la Gobernación de Concepción, el SENAVE y la Justicia, que había ordenado la suspensión de la aplicación de plaguicidas como consecuencia de la ausencia de una barrera viva que evite la propagación de agroquímicos hacia las viviendas ubicadas a 200 metros de la plantación de soja.
Pero, el 14 de marzo de 2008 aparece, en primera plana de todos los periódicos del país, una noticia relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”, establecimiento en que se encuentra el sojal en cuestión. Los autores de la quema dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera” (Queman tractores y galpón en estancia. Diario “ABC – Color”. 14 de marzo de 2.008. Sección Política. Página 11).
El propietario del establecimiento, el brasileño Nabor Both, acusó a sus vecinos, los campesinos que lo denunciaron en reiteradas ocasiones por daño al medioambiente, de ser responsables de la quema.
El líder de la comunidad, Demetrio Alvarenga, negó esa acusación al tiempo de señalar que la misma podría ser consecuencia de los constantes reclamos realizados a las instituciones oficiales a raíz de los perjuicios ocasionados por las fumigaciones a los pobladores, como enfermedades estomacales, respiratorias y oculares. Los habitantes de Kuruzú de Hierro no descartaron la posibilidad de que la quema del galpón de la estancia haya sido provocada por los mismos propietarios en que se encuentra el sojal, como una manera de desacreditarlos ante la opinión pública local y nacional, desviando así la atención del problema ambiental.
La Fiscalía de Horqueta a cargo de Marcial Núñez, basado en el panfleto aparecido en el día de la quema y sin hablar de otros elementos de juicio concretos, sostuvo que las “evidencias” dirigían la investigación hacia el supuesto grupo guerrillero “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, el cual podría estar relacionado con organizaciones campesinas interesadas en acceder a las tierras del empresario brasileño en que se produjo el incidente.
El Fiscal Marcial Núñez y el propietario del establecimiento, Nabor Both, coincidieron en acusar al Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay, Mons. Pablo Cáceres de instigar a la violencia de los pobladores de Kuruzú de Hierro. El religioso señaló que la soja y la población en el mismo lugar no pueden convivir.
El mismo señalamiento contra el Monseñor Pablo Cáceres realizó quien fue considerado por la Fiscalía como un testigo clave en el sonado secuestro de la joven Cecilia Cubas. Cristóbal Olazar, quien fue durante casi 10 años máximo dirigente del partido político de izquierda Patria Libre, había acusado a sus ex – compañeros de ser los autores intelectuales y materiales del mencionado secuestro, en base a lo cual fueron condenados algunos de ellos. Olazar, quien vive en Concepción, exclusivamente en base a sus acusaciones, sin presentar nunca elementos contundentes y, probablemente amparado en el “fuero” que le otorgó el hecho de ser considerado testigo clave por la Fiscalía, dijo que Monseñor Cáceres “está seriamente comprometido (con el EPP) … porque coincidentemente siempre está en la zona de conflicto”. (Página 42).
Las denuncias hechas por los lugareños de Kuruzú de Hierro sobre daño al medioambiente, tenidas en cuenta por varias instituciones oficiales como la Gobernación de Concepción, la Fiscalía del Ambiente, el Senave y la Justicia que ordenó la suspensión de la fumigación, fueron contrarrestadas por denuncias por robo, invasión de propiedad y otros delitos por parte de los propietarios del establecimiento en que se encuentra el sojal, alcanzando la confrontación el nivel más alto cuando, luego de la quema de un galpón de la estancia, los vecinos que venían presentando sus quejas por el vertido de plaguicidas fueron relacionados con un supuesto grupo guerrillero, el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), cuyo primer panfleto aparece en la escena de dicho episodio señalando que así se castigará a “quienes matan al pueblo con agrotóxicos”.
Resulta por demás llamativo que un hipotético grupo insurgente que invoca al pueblo haya efectuado tal acción en un momento en que la comunidad, “el pueblo”, estaba ganando la batalla contra la fumigación de “agrotóxicos”.
Los campesinos de Kuruzú de Hierro que reivindicaban vivir en un ambiente saludable fueron vistos luego de la supuesta operación del EPP como “guerrilleros”, incluso “terroristas” pasando casi al olvido su exigencia de adecuar la producción de soja a las leyes ambientales.
Esto plantea que el “EJÉRCITO PARAGUAYO DEL PUEBLO”, si existe el grupo armado, es en realidad el “EJÉRCITO PARAGUAYO CONTRA EL PUEBLO”, porque sus actuaciones no hicieron otra cosa, en este y otros casos en el Departamento de Concepción, que justificar la represión contra los sectores sociales que dice representar. (Página 74)
La cercanía de la población al factor de riesgo, el campo fumigado, implica la exposición durante mucho tiempo de los habitantes de Kuruzú de Hierro al vertido de plaguicidas en la parcela de la estancia “Santa Herminia” en que se lleva a cabo la producción de soja. Dicha exposición, según los principales resultados de otros estudios presentados en este trabajo, producen efectos agudos y crónicos en la salud humana.
Del total de 142 personas estudiadas, 85 pobladores han presentado síntomas propios de una intoxicación aguda pocas horas después de estar expuestos a una fumigación.
Los principales síntomas de intoxicación aguda señalados por los lugareños han sido: dolor de cabeza, el cual ha afectado al 23 % de los encuestados, seguido en segundo lugar por la diarrea, en un 13 %. La dificultad respiratoria (12%), los vómitos (11%) y los mareos (10 %) han sido otros problemas de salud indicados como consecuencia de la fumigación de productos químicos frente a sus casas.
Otros síntomas agudos propios de la exposición a plaguicidas referidos por los habitantes de la comunidad han sido: irritación de la piel y de los ojos, dolor gastrointestinal, náuseas y pérdida de conciencia.
La principal manera en que se produjo la misma ha sido la inhalación, a través de la cual el 55% los pobladores estuvo en contacto con los plaguicidas. Las denuncias realizadas por los habitantes de la localidad afirmaban que la aplicación del “veneno” se llevaba a cabo a la hora del desayuno y el almuerzo.
Precisamente el segundo principal contacto con agroquímicos ha sido comer en área fumigada, algo señalado por el 31% de los encuestados. La absorción de los plaguicidas a través de la piel ha sido la tercera exposición más mencionada.
REUTERS/Alex Luka Ladime
