(Director de la Escuela de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
Si hay una
forma abreviada de entender lo que está pasando y del significado de la crisis
de la Educación, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles y
ciudadanas, es comprendiendo como operan tres principios básicos del
liberalismo. En el caso chileno estos principios se han manifestado en forma
absoluta.
El actual
gobierno, ha sido una expresión radical del modelo vigente. Ha hecho
primar la ley del Interés Individual, por sobre el concepto de interés social.
Se ha negado a buscar una armonía racional entre ambos intereses, que sin duda,
son legítimos. Así se ha llegado a un individualismo extremo que se manifiesta
en las enormes diferencias en la satisfacción de algunos derechos básicos, como
la educación, la salud y otros. La libertad, casi absoluta, de empresa, sin
controles adecuados, ha aplastado a la sociedad civil en los derechos sociales
y el Estado ha fallado en la necesidad de transformar el entorno político
y económico del país. Se ha llegado a plantear, nuevamente, de manera casi
primitiva, que el interés social se satisface en la absoluta libertad de
empresa, con un concepto radical de propiedad privada intocable. Esto es lo que
hace al presidente decir, en algún momento, que la educación es un bien de
consumo, lo que se manifiesta, no solo en el modelo imperante, sino en las
soluciones que provienen del mismo gobierno. No hay respuesta social para el
interés social.
Un segundo
aspecto, que debemos identificar, es cómo se utiliza hoy el viejo principio, de
La Libre Concurrencia. Esto significa para los liberales, producir bienes con
el mínimo de trabas posibles, con factores que garanticen la producción y la
acumulación, donde el individualismo del sistema se manifiesta en el concepto
de propiedad privada (sin límites reales) y donde la empresa, a través del
sistema, “supuestamente”, satisface armónicamente las necesidades. Se concurre
libremente a producir. Se produce y se financia con la menor cantidad de
controles posible. Absoluta libertad de empresa, con un concepto de propiedad,
también absoluto, que no cumplen con lo que nosotros creemos que es la función
social de la propiedad y, por lo tanto, la función social de la empresa.
Esto se niega absolutamente en los círculos liberales.
Lo anterior se
traduce en un sistema educacional también “libre”, donde el lucro no podría
estar ausente, porque se iría contra la esencia del sistema. Se establece, de
acuerdo a lo anterior, una especie de “libre competencia” entre los
establecimientos educacionales, donde evidentemente, los más eficientes, serán
los que cuentan con mayores recursos y que en sus espaldas, tienen un adecuado
centro de negocios. Así el lucro, se convierte en el fundamento que corrompe el
fin de la educación como un valor y como un derecho humano. Los derechos
humanos no pueden ser un factor de negocios, como se había montado en el caso
de la educación. En este concepto estaban destinadas solo a sobrevivir las
universidades y los liceos o colegios con recursos. El Estado actuaría, de esta
manera, subsidiariamente. El derecho a la Educación estaría o seguiría estando
bajo el control de la libre empresa.
Pero aun más.
En la reciente crisis que se le plantea al gobierno con la salida del, ahora,
ex ministro Beyer, se comienza a derrumbar la idea de que El Libre Mercado –que
es el tercer principio- es el mejor asignador de recursos para satisfacer
estas necesidades. Es decir, la educación nuevamente entendida como bien de
consumo. Este mismo concepto es válido para analizar la forma como se maneja la
salud y las pensiones. La salud también es un “bien de consumo”, que produce
ganancias desorbitadas a las ISAPRES (Monitoreo de la Industria de Aseguradoras de Salud.
Superintendencia de Salud. Gobierno de Chile ), las cuales no se han logrado regular. Pero también el sistema AFP de
pensiones, es regido por un sistema empresarial, cuyo fin, es el lucro y no la
dignidad de los trabajadores cuando llegan al fin de su vida laboral.
Esto es lo que
se puso en juego en el debate del Congreso y esto es lo que necesariamente solo
se puede corregir con un cambio profundo del sistema. No se está negando la
propiedad privada. Se está urgiendo a que el Estado y los privados, en
determinadas áreas de la producción y del desarrollo del país, puedan actuar
con un sentido de colaboración, en algunos casos, y con absoluta
responsabilidad del Estado, en otros (la propiedad de recursos naturales, de la
cual depende la vida de un país, por principio, debiera estar bajo el control
del Estado). Sin duda, la Educación es el punto de partida, sobre la reflexión
del Rol del Estado y de su obligatoriedad en cuanto al cumplimiento de
sus funciones sociales determinadas por la dignidad de la persona y del bien
común.
Pensamos en un
Estado Solidario para una Democracia también Solidaria. Esto es algo más de lo
que fue el Estado de Bienestar, es un Estado que no se monta desde los fines de
la Economía -que sigue siendo fundamental- sino desde la solidaridad de los
derechos que determinan las formas políticas y sociales que regularan la vida
ciudadana y el sentido de sus instituciones. Lo contrario sería sostener que
esto no tiene remedio y que el capitalismo sería inmodificable en sus
perversiones conocidas hasta el fin de los tiempos. Lo que no sería
ajeno a la utopía liberal.
