Un nuevo rumbo
Exactamente una semana después de iniciar su
presidencia, el 22 de agosto de 2013, Horacio Cartes obtuvo en el Congreso la
reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. La modificación
otorgaba al nuevo presidente la posibilidad de militarizar zonas enteras del
país, vía decreto del poder ejecutivo y sin previo acuerdo del Parlamento
Nacional, el objetivo mencionado era “enfrentar cualquier forma de
agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia
y la integridad territorial del país”
La ley modificada inaugura el “estado de sitio
blando”, nada más normal en la década de la generalización de los golpes
blandos, como el que vivió el propio Paraguay en junio de 2012 y abrió la vía
para que Cartes llegue al poder en abril del 2013.
El motivo declarado de la medida era el combate a un
pretendido grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),
que en casi una década de existencia reivindicó varios sonados casos de
secuestros extorsivos, quemas de maquinarias de sojeros y de algunos puestos
policiales del interior del país, así como diversos enfrentamientos a tiros con
fuerzas policiales y militares. En los días previos a la militarización también
reivindicó el asesinato de 5 guardias privados de una estancia, en un confuso episodio
en Tacuatî, ciudad situada a unos 350 km al norte de la capital. El hecho fue
la base para la aprobación de la medida.
El Presidente que prometía un nuevo rumbo para el país
y se ufanaba de que nadie le marcaría la agenda, con menos de un mes de gobierno
ya estrenaba el nuevo dispositivo enviando fuerzas militares a 3 departamentos
del país: Concepción, San Pedro y Amambay.
Guerrilla sin monte pero con
sojales
El grupo armado mencionado opera en una zona bastante
definida, las propias fuentes policiales y militares los describen como un
grupo que no sobrepasaría las 50 personas y al menos en sus intervenciones más
publicitadas no dieron muestras de contar con un gran poder de fuego o de
disponer de un arsenal muy sofisticado. La región en cuestión, es una de las
zonas más deforestadas del país, consecuencia del cultivo intensivo de soja
transgénica; vale decir, grandes planicies sin masas boscosas importantes, un
terreno que no parece muy propicio para la implantación de una guerrilla rural
o que en todo caso debería facilitar la captura de sus integrantes.
En algunas semanas más se cumplirán 3 años de la
presidencia de Horacio Cartes y de la militarización de los mencionados
departamentos, medida que sigue vigente de forma ininterrumpida hasta hoy. En
todo este tiempo su “lucha anti-subversiva” no erradicó el EPP. En cambio, las
comunidades campesinas sí que sintieron la presencia militar. Abundan las
denuncias por casos de maltrato, abuso de poder, violencia policial, tortura y
recurrentes escándalos de corrupción que involucran a las Fuerzas de Tarea
Conjunta (policías y militares) que opera en la zona[1], cuyo financiamiento,
dicho sea de paso, es sumamente costoso a las arcas públicas[2] y se hace en
desmedro de políticas sociales muy necesarias en estos y otros departamentos.
Según denuncian organizaciones sociales y de defensa
de los derechos humanos[3], la llegada de la FTC creó un clima de terror en las
comunidades campesinas, una sensación propia de tiempos dictatoriales, un
contexto en el que cualquier persona en oposición a las políticas
gubernamentales o a la expansión del modelo sojero, es asimilado a un alzado en
armas o cuándo menos cómplice de los mismos y es tratado como tal.
No hace falta ser muy perspicaz, para entender el
efecto de este tipo de métodos sobre un movimiento campesino particularmente
fuerte y activo en la región.
La frontera de la droga
La ciudad de Pedro Juan Caballero es la capital del
departamento del Amambay, recordemos que dicho departamento es uno de los 3 militarizados
por decreto presidencial. Su ubicación en la estratégica “frontera seca” con el
Brasil, es un punto clave de la ruta del tráfico de drogas en la región. Una de
las puertas de entrada al gigantesco mercado brasilero y atravesando este país
puede circular a otros continentes vía océano Atlántico.
Esto dio a la ciudad un sulfuroso prestigio que la
situaba como la base de operaciones de diversos capos de la droga del Brasil y
de Paraguay y fue el teatro de sonados crímenes. Pero lentamente fue dejando de
ser centro del interés mediático, hasta que esta semana los reflectores se
enfocaron nuevamente sobre ella. El motivo fue un espectacular atentado contra
un capo narco. El ataque se produjo en plena calle y fue ejecutado por un
batallón de 100 sicarios - sí, leyó bien, ¡cien![4] – con entrenamiento militar
y un impresionante arsenal que incluía una ametralladora antiaérea, que fue
utilizada para perforar el blindaje de la camioneta en la que circulaba el
mafioso, éste resultó muerto en el ataque con 16 impactos de bala en el cuerpo.
Se trataba de un brasileño de 56 años, de nombre Jorge Rafaat y apodado “Sadam”
(por Sadam Hussein), procesado por tráfico y lavado de dinero en el Brasil[5],
pero que vivía cómodamente instalado en el lado paraguayo de la frontera seca.
Es más, el propio titular de la SENAD (Secretaría
Nacional Antidrogas) confiesa que estaba al tanto de las actividades delictivas
de Rafaat, pero alega que como no tenían pruebas para llevarlo a prisión[6],
seguía libre como los pájaros y era conocido como un “exitoso empresario”.
Quien sabe, si se hubiese naturalizado a lo mejor hubiera podido pretender a un
cargo electivo o incluso a la presidencia.
Pero hablando más seriamente, el argumento de la falta
de pruebas para llevar a prisión a alguien resulta poco convincente mirando el
actuar de la justicia paraguaya y su fiscalía, que no se caracterizan por una
gran pulcritud en la materia, en estos días se aprestan a condenar con penas de
hasta 40 años de cárcel a campesinos acusados de participar en la masacre de
Curuguaty[7], trágico suceso que sirvió de coartada al golpe blando contra el
gobierno de Fernando Lugo, sin que hayan aportado una sola prueba que incrimine
formalmente a ninguno de los encausados en un proceso judicial plagado de aberraciones
y violaciones al debido proceso. Es decir, cuando quieren, pueden.
La soja y la droga
Justamente, llegado a este punto, es difícil no hacer
la comparación de la militarización y la acción gubernamental en los 3
departamentos mencionados. Mientras que en Concepción y San Pedro,
departamentos fuertemente impactados por el avance del monocultivo de soja
transgénica y sus efectos sobre el medio ambiente y la población, la represión
parece concentrarse sobre las comunidades rurales pobres y las organizaciones
campesinas que resisten, con la oportuna excusa del combate a una desarrapada
guerrilla; en el departamento de Amambay, donde el problema fundamental es el
cultivo y el tráfico de estupefacientes y en cuya capital, están instalados
poderosos y conspicuos narcotraficantes que desatan una guerra abierta en las
narices de las autoridades, la respuesta es un silencio bastante parecido al
omerta.
El Presidente se negó a hacer declaraciones sobre lo
sucedido. El ministro de Defensa, Diógenes Martínez, dejó meridianamente claro
que el narcotráfico no representa un problema para la seguridad nacional o un
peligro para la integridad territorial y que los militares deben concentrarse
en los casos de “terrorismo” impulsado por grupos como el escuálido y fantasmagórico
EPP[8]. En cuanto al ministro del interior, a pesar de su inoperancia completa
sigue en el puesto sin que nadie se explique cómo o por qué.
Para coronar está caótica situación, el jefe de la
secretaria de lucha antidroga, acaba de renunciar a su cargo[9], presionado por
la ciudadanía luego de una criminal intervención de sus agentes que balearon a
una familia, asesinando a una niña de 3 años y dejando entre la vida y la
muerte a un joven pariente de la misma. Los agentes de la SENAD y el fiscal
interviniente emprendieron el asalto contra “peligrosos narcos” que resultaron
ser miembros de una conocida y tradicional familia del país, sin ningún vínculo
con la delincuencia.
Con este breve e incompleto balance, parece claro
quiénes son los enemigos de este gobierno.
[*] Miembro del Colectivo Paraguay en Francia.
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