Por: Alcibiades González Delvalle
Las redes sociales están muy activas con el caso de Paraguayo Cubas. Soplan vientos a favor o en contra de una actitud que busca poner en evidencia la corrupción, y posibles responsables, que preocupan al país desde hace tiempo.
La crítica más generalizada tiene que ver con la falta de respeto de Cubas hacia las autoridades nacionales; que un ciudadano debe adecuar su conducta al fortalecimiento de las instituciones republicanas; que ningún pais encontraría la paz desde la agresión a quienes representan a esas instituciones.
Es cierto. Para tener una convivencia armónica se debe partir del respeto a las leyes y a las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. Pero el respeto tiene que ser mutuo. Frente a las instituciones está la ciudadanía. Ambas entidades están obligadas a observar la Constitución y las leyes. Si una de esas entidades, y la otra no, incumple con el pacto viene el desequilibrio social con sus funestas consecuencias. Si las autoridades se apartan de sus obligaciones y no intervienen como deben hacerlo, se origina la anarquía. Y si van más allá de lo legal, aparece la dictadura. En cualquiera de los casos, pierde el país.
La obediencia a la ley que se le exige a la ciudadanía debe ir pareja con la de las autoridades. Y aquí está el problema: no hay reciprocidad. Cuando las instituciones del Estado se apartan de las leyes no pueden exigir que la ciudadanía lo haga.
Cada día asistimos preocupados por el atropello a la legalidad que viene desde el Gobierno. Comencemos por el presidente de la República. En su campaña proselitista, y luego desde el sillón presidencial, aseguró al pueblo que no buscaría la reelección porque la Constitución no lo permite. Pasado un tiempo pensó -o le hicieron pensar- lo contrario. El que cambió, entonces, fue Horario Cartes porque la Constitución es la misma que había jurado respetar y hacer respetar. Ni respeta ni hace respetar. Si él sabía que la Constitución no le permite la reelección ¿qué le hizo cambiar de convicción? ¿Convicción? ¿Cuándo la tuvo? ¿Antes de ser Presidente o después? ¿Mintió para ser Presidente o para mantenerse en el cargo más allá del tiempo legal?
De todos modos, un presidente de la República que miente al pueblo no es digno de seguir al frente del Ejecutivo. Un mentiroso no puede regir los destinos de un país. Y si de esta manera se burla de la gente ¿no tiene la gente el derecho de expresar, en palabras o en obras, su justo enojo? ¿Cuál es la autoridad moral del Presidente de la República para ordenar castigos al ciudadano que incumple la ley?
Toda esta irritación que sufre el país tiene su origen en la mentira presidencial. Mentira que envuelve su egoísmo, codicia, ambición desmedida, desprecio a la legalidad.
Y a partir de estos malos ejemplos, vienen los demás representantes de las entidades del Estado a cometer los mismos hechos deshonrosos.
¿Respeta el Poder Judicial a la ciudadanía? Cada momento vemos cómo se irrita a la gente con actos enteramente injustos, corruptos, arbitrarios. ¿Ejemplos? A montones. El caso del senador liberal, ex ministro de Agricultura de Lugo, Enzo Cardozo, es uno de ellos. La fiscalía ha demostrado con suficiencia que el senador estuvo al frente de una organización mafiosa que robó a los productores, en un sólo caso -hay dos más- sesenta y ocho mil millones de guaraníes. ¿Y qué pasó? Nada. El expediente fue a morir en la Corte Suprema de Justicia.
Con el desesperado proyecto de la reelección, menos todavía se puede esperar que haya justicia. Cardozo, como senador, estará ya preparándose para votar por la enmienda y asegurar su completa impunidad. Y junto con él, todos sus socios que se enriquecieron con el dinero de los pequeños productores.
¿Por qué no se respeta a la Policía? Porque muchos de sus agentes en vez de salir en defensa de la gente sólo se dedican a agredirla, robarla, asustarla. Porque ampara directamente a la mafia, tal como estamos viendo -entre muchos otros casos- lo que acontece en Itapúa con una familia de productores que cayó víctima de la codicia del poderoso grupo Favero. Éste tuvo el apoyo de la “justicia” para que se ignore la falsificación de firmas en supuestos documentos que avalan una deuda de 23 millones de dólares.
La primera obligación del presidente de la República es defender la Constitución. Pero como la agrede con su obsesión reeleccionista, estamos sufriendo tiempos peligrosos con un final imprevisible. O demasiado previsible.
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