COMO EN LA ITALIA DE MUSSOLINI con las Camisas Negras, la Alemania de Hitler con las Camisas Pardas y la España de Franco con las Camisas Azules, ahora Uribe pretende ultrajar al estudiantado, involucrándolo en el conflicto, como informantes de la Fuerza Pública
Si al término del segundo mandato, Uribe tiene que incrementar los instrumentos de guerra y de inteligencia, es porque algo malo tiene que estar pasando con la seguridad democrática. Si fuese tan buena como lo pregona el Gobierno, no se entiende la necesidad de extender el oficio de soplón a las universidades. Algo similar puede decirse de la nueva ley de inteligencia, anunciada con bombos y platillos por el Gobierno, dizque porque con ella se iban a incrementar los buenos resultados de los organismos de seguridad.
El Gobierno está mintiendo, pues lo que está quedando en evidencia es que a medida que Uribe dice que vamos ganando la guerra, más se incrementan los esfuerzos militaristas y de inteligencia. Si eso es ganando, qué tal que estuviéramos perdiendo.
No todos hemos olvidado que el 8 de agosto de 2002, al día siguiente de su bombardeada posesión, Uribe instaló en Valledupar su ambicioso programa de un millón de informantes. Antes de meter a los estudiantes en semejante aventura, deberían contarnos qué pasó con ese experimento, del que todavía recordamos las imágenes de unos encapuchados recibiendo jugosas recompensas de los militares.
¿Se imaginan las universidades vigiladas silenciosamente por personas que en vez de recibir información científica, están prestos a compartir todo lo que ven y oyen con las autoridades encargadas del orden público? Fácil resulta suponer lo que pasaría con la libertad de cátedra y el principio constitucional de la autonomía universitaria, si el templo sagrado de la academia resulta invadido de espías del régimen. Ya ha sido bastante con que el Gobierno tenga como rector de la Nacional al asustadizo y mediocre Moisés Wasserman, quien se iba inventando un expediente por secuestro contra los estudiantes que rodearon su carro.
La tentación totalitaria de conocer la intimidad de las universidades es una amenaza permanente. Por las épocas del “estatuto de seguridad” de Turbay Ayala, el hijo de un ministro grabó la clase de derecho constitucional dictada por el magistrado Manuel Gaona Cruz, durante la cual exponía sus pensamientos siempre libres y sesudos. Para entonces ya el iluminado profesor del Externado era mirado con desconfianza por el Gobierno, entre otras cosas porque lideró el grupo de abogados que demandó y tumbó la reforma constitucional del 79. La grabación fue filtrada a un medio de comunicación, donde el Gobierno supo presentarla con la perversa insinuación de que probaba la supuesta falta de imparcialidad del magistrado.
Si ese incidente bochornoso pasó con el hijo de un ministro que abusivamente se creyó en el deber de informar a su padre sobre lo que enseñaba su profesor magistrado, preparémonos para otro capítulo de la guerra sucia por cuenta de los alumnos soplones.
Las universidades deberían hacer valer la fuerza de su autonomía, prohibiendo a sus estudiantes vincularse al tenebroso programa de informantes, con el que Uribe confirmó que, como en los buenos tiempos, su ideología está más cerca de la justicia privada que del derecho y de la ciencia.
~~~
Adenda. Desde hace cinco meses la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma constitucional sobre la carrera administrativa, por problemas de fondo y porque creaba una situación particular a favor de unos pocos. Con esos mismos argumentos el referendo reeleccionista tiene que hundirse. Pero alguien en la Corte Constitucional está torpedeando que ese fallo se publique, obviamente para que puedan voltearse cómodamente los que sabemos. Transparencia y rectitud, no marrullerías, es lo mínimo que se espera del tribunal constitucional.
Enviado por José Zapata
El Gobierno está mintiendo, pues lo que está quedando en evidencia es que a medida que Uribe dice que vamos ganando la guerra, más se incrementan los esfuerzos militaristas y de inteligencia. Si eso es ganando, qué tal que estuviéramos perdiendo.
No todos hemos olvidado que el 8 de agosto de 2002, al día siguiente de su bombardeada posesión, Uribe instaló en Valledupar su ambicioso programa de un millón de informantes. Antes de meter a los estudiantes en semejante aventura, deberían contarnos qué pasó con ese experimento, del que todavía recordamos las imágenes de unos encapuchados recibiendo jugosas recompensas de los militares.
¿Se imaginan las universidades vigiladas silenciosamente por personas que en vez de recibir información científica, están prestos a compartir todo lo que ven y oyen con las autoridades encargadas del orden público? Fácil resulta suponer lo que pasaría con la libertad de cátedra y el principio constitucional de la autonomía universitaria, si el templo sagrado de la academia resulta invadido de espías del régimen. Ya ha sido bastante con que el Gobierno tenga como rector de la Nacional al asustadizo y mediocre Moisés Wasserman, quien se iba inventando un expediente por secuestro contra los estudiantes que rodearon su carro.
La tentación totalitaria de conocer la intimidad de las universidades es una amenaza permanente. Por las épocas del “estatuto de seguridad” de Turbay Ayala, el hijo de un ministro grabó la clase de derecho constitucional dictada por el magistrado Manuel Gaona Cruz, durante la cual exponía sus pensamientos siempre libres y sesudos. Para entonces ya el iluminado profesor del Externado era mirado con desconfianza por el Gobierno, entre otras cosas porque lideró el grupo de abogados que demandó y tumbó la reforma constitucional del 79. La grabación fue filtrada a un medio de comunicación, donde el Gobierno supo presentarla con la perversa insinuación de que probaba la supuesta falta de imparcialidad del magistrado.
Si ese incidente bochornoso pasó con el hijo de un ministro que abusivamente se creyó en el deber de informar a su padre sobre lo que enseñaba su profesor magistrado, preparémonos para otro capítulo de la guerra sucia por cuenta de los alumnos soplones.
Las universidades deberían hacer valer la fuerza de su autonomía, prohibiendo a sus estudiantes vincularse al tenebroso programa de informantes, con el que Uribe confirmó que, como en los buenos tiempos, su ideología está más cerca de la justicia privada que del derecho y de la ciencia.
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Adenda. Desde hace cinco meses la Corte Constitucional declaró inexequible la reforma constitucional sobre la carrera administrativa, por problemas de fondo y porque creaba una situación particular a favor de unos pocos. Con esos mismos argumentos el referendo reeleccionista tiene que hundirse. Pero alguien en la Corte Constitucional está torpedeando que ese fallo se publique, obviamente para que puedan voltearse cómodamente los que sabemos. Transparencia y rectitud, no marrullerías, es lo mínimo que se espera del tribunal constitucional.
Enviado por José Zapata
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