Robinson Salazar Pérez*. Sociólogo colombiano-mexicano de la Universidad
Autónoma de Sinaloa
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE DE CONTENCIÓN EN
SUDAMÉRICA
La guerra preventiva cierra su ciclo, el discurso de lucha contra el
terrorismo se agotó, los hologramas del mal fueron diluyéndose, se ha
quitado el velo confeccionado desde oficinas y esferas de los "think tanks"
mediante la perseverancia de la denuncia, la claridad de las ideas y los
argumentos que poco a poco han derribado falacias y demuestran que las
denuncias, expuestas y defendidas, tienen bases y son incuestionables.
La crisis del neoliberalismo y el apetito de los bancos coadyuvó a
cerrar el capítulo de la guerra preventiva y pasar a la guerra contra el
narcotráfico: la administración del caos como estrategia exitosa para
desordenar las casillas del tablero internacional.
Estamos ante un nuevo horizonte de confrontación que exige articular las
variables que intervendrían en caso de un escenario bélico, dado que la
guerra presente tiene signos distintos en Siria, Colombia, las tensiones de
baja intensidad en el Cono Sur y, en particular, enVenezuela.
Guerra contra el narcotráfico
Los avances en materia de recuperación del papel del Estado en
Sudamérica son significativos: la revolución bolivariana en Venezuela,
acompañada por los procesos ecuatoriano y boliviano, han alterado el cuadro
de dominación de Estados Unidos e incluso, cambiaron las formas de operar
de las multinacionales, que debieron negociar mecanismos de trabajo
distintos a los tradicionales, con beneficios para los países mencionados,
mejorando sus políticas públicas.
Los gobiernos de los tres países, además de Brasil y Argentina, cuyos
intereses tienen contradicciones con los propósitos manifiestos de la Casa
Blanca en el Cono Sur, incomoda sobremanera a los agentes del mapa de la
hegemonía de las multinacionales, banqueros y gobiernos afiliados al Grupo
de los Ocho (G-8, conjunto de países industrializados con poderío político
y militar), que custodian los intereses de la plutocracia que domina el
planeta.
Para garantizar la explotación de recursos mineros, evitar la ocupación
de tierras por campesinos empobrecidos allí donde las compañías extranjeras
obtienen soya, trigo y biocombustible, se han venido conformando estrechas
alianzas de cárteles de la droga con empresarios agroexportadores y hasta
compañías que rentan ejércitos para contener las movilizaciones y llevar a
cabo una “limpieza social”.
Existe una degradación en el mundo de los negocios y de las grandes
transacciones financieras, donde el crimen organizado ha infiltrado esferas
empresariales y círculos corporativos y, a su vez, se da una
interpenetración, porque recursos provenientes de la ilegalidad de las
drogas y actividades coadyuvantes del narcotráfico blanquean grandes sumas
de dinero, cercanas a los 600 mil millones de dólares a escala mundial, y
son operados por bancos, desarrollos inmobiliarios, empresas y almacenes
que no tienen una larga vida, por el desplazamiento del dinero y la
estrategia para evitar ser fiscalizados.
En Colombia sirvió como esquema preparatorio para el control territorial
mediante alianzas con grupos de narcotraficantes y para disputar espacios a
la guerrilla y a grupos minúsculos que habían entrado en el negocio de la
droga. Un segundo paso fue obligar a muchos narcotraficantes y lavadores a
invertir en esferas de la economía doméstica: loterías locales, fábricas de
calzado, ropa, empresas de mensajería, transporte, establecimientos
comerciales y producción agropecuaria. Hay localidades en Antioquia, Valle
del Cauca y Cundinamarca donde es notorio el crecimiento de empresas con
este perfil.
Depurado el directorio de narcotraficantes, la guerra persistió bajo la
llamada “Seguridad democrática” –ya no la “Seguridad ampliada”.
En el contexto de la “Seguridad ampliada”, se asumió una defensa
nacional que, sin descuidar las tareas principales de defensa militar,
incorpora la cooperación internacional como fundamento vital para
confrontar al enemigo construido socialmente, toda vez que el gobierno y
los medios magnifican los decomisos y aprehensiones para alimentar miedos y
estirar hasta un punto de inflexión la percepción de inseguridad.
La cooperación internacional, auspiciada por organizaciones
estadounidenses y con aval de organismos internacionales, impuso a casi
todos los países latinoamericanos la Ley Antiterrorista, pasando la
estafeta de la guerra preventiva a los gobiernos de cada nación, con apoyo
de la Interpol, la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas
en inglés) y el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La guerra contra el narcotráfico combina dos estrategias: una de baja
intensidad, dirigida a la población en general, orientada al cuerpo, la
subjetividad y que tiene el firme propósito de instaurar miedo. La otra es
la confrontación directa, guerra por espacios, demarcaciones de rutas y
fractura de territorios nacionales para designar
zonas de alta peligrosidad, de choque, y zonas controladas.
Así, observamos a países como Colombia con zonas delimitadas y
territorios fracturados, al igual que en Paraguay, país que ha sido
escogido como cabeza de playa para albergar la guerra en Sudamérica.
Connotaciones del Cono Sur
El siglo XXI trajo cambios sustanciales en el Cono Sur: Argentina
revirtió una crisis que nació en diciembre de 2001 bajo un gobierno
neokeynesiano expansionista, de fuertes inversiones en política pública,
que encaminó al país por el sendero de un Estado interventor que en algunas
rubros va a contrapelo del modelo neoliberal, ocasionando tensiones con
organismo internacionales y con Estados Unidos. Producto de esos
desencuentros son las 47 demandas de sendos países, que abarcan más de 65
por ciento del total de las exportaciones argentinas. Todo ello se debe al
proteccionismo practicado por la presidenta Cristina Fernández.
Brasil, abrigado en el grupo de los BRICS, (Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica) también apeló al proteccionismo y adoptó medidas para
incrementar los aranceles en más de 100 productos de importación, además de
que constantemente limita el comercio exterior en materia de importaciones
para garantizar el empleo y proteger su industria.
Uruguay, bajo las administraciones del Frente Amplio, también ha
recurrido al proteccionismo en varios rubros: su política de legalizar el
consumo de la mariguana, las tensiones con Argentina y Brasil en materia
comercial y el tema de las Malvinas por el tránsito de embarcaciones hacia
la Antártida, marca una connotación que explica su vinculación con los
ejercicios navales antiterroristas de Estados Unidos titulados Partnership
of the Americas 2012 y la unidad móvil (Military Training Team –MTT-
Fuerzas Especiales-comandos navales estadounidenses, denominados SEAL).
Chile abrió las compuertas y acordó con Estados Unidos la base militar
de Concón, al norte del Gran Valparaíso, financiada por el Comando Sur,
cuya especialidad es la guerra urbana.
Existen posturas evidentes y movimientos nebulosos en el Cono Sur frente
al conflicto que asoma la cabeza, haciéndose necesario avizorar lo que
sucederá después de las elecciones en Estados Unidos. De lo que estamos
seguros es que el cuadro político en la región sur cambiará después del 6
de noviembre: al igual que la eurozona tendrá la definición de su moneda,
la sombra de guerra en Irán develará las intenciones bélicistas, América
Latina tendrá un desafío que ahuyenta las certezas, dado que pasa por la
inusitada paz que pretenden fabricar en Colombia, el refrendo de Hugo
Chávez como presidente y el uso del narcotráfico como pretexto para nuevas
confrontaciones bélicas en la región.
Por último, Paraguay –país con 406 mil 752 kilómetros cuadrados–, que
colinda con Argentina, Brasil y Bolivia. En esa confluencia fronteriza
destacan los puntos limítrofes en el sur, donde el río Paraná lo separa de
las provincias argentinas de Misiones y Corrientes, y el río Pilcomayo, que
delimita con Formosa. Hay que destacar que justamente en la zona de las
provincias de Chaco, Formosa y Misiones predomina el narcotráfico bajo el
control de Joaquin El Chapo Guzmán, miembro prominente del cártel de
Sinaloa, asociado con Ismael El Mayo Zambada, mancuerna delictiva que ha
colaborado con la DEA, como lo afirma Vicente Zambada Niebla, detenido en
marzo de 2009 y recluido en una cárcel estadounidense.(*)
La permisividad de la DEA, que tiene monitoreo permanente en la zona del
gran Chaco de Paraguay. con soporte tecnológico-militar en las bases de ese
país, y los programas de colaboración entre Washington y el gobierno de
Asunción, revela la complicidad del organismo estadounidense con cárteles
continentales. En Argentina, extendida a las provincias del centro-este
–Paraná, Santa Fe y Córdoba–, hay indicios fundamentados del traslado de
droga sintética por parte del cártel de Los Zetas desde 2008 a la fecha,
sin que exista una medida coactiva o coercitiva para detener el flujo de
estupefacientes de laboratorio dirigido al mercado europeo y asiático.
La guerra como objetivo estratégico
El interés primordial del gobierno estadounidense es instaurar, bajo el
paraguas del régimen golpista de Federico Franco –quien suplió a Fernando
Lugo el 22 de junio de 2012, tras la defenestración de éste mediante una
farsa legaloide– apunta hacia la consolidación de una plataforma de
contrainsurgencia en Paraguay.
La trama golpista guaraní descubre la estrategia para instalar un frente
de guerra contra el narcotráfico en Paraguay, poniendo énfasis en el Chaco,
desde donde se afectaría al norte argentino y colocaría un foco de atención
sobre la administración de Cristina Fernández, debido al alejamiento de
ésta de las pretensiones de la Casa Blanca sobre la región conosureña.
Una base recientemente rechazada por la cancillería y el Ministerio de
Defensa argentinos –el 5 de junio de 2012– que Estados Unidos pretendía
construir en la provincia de Chaco, autorizada por el gobernador Jorge
Capitanich y arropada por el Programa de Fortalecimiento del Sistema
Provincial de Emergencias, aprobado en 2006, alteró las reglas del juego,
pero no el juego mismo. Así, una vez que la construcción de la misma fue
desautorizada, se fraguó la deposición del presidente Lugo en Paraguay y se
mantuvieron en marcha los ejercicios naval-militares en el río de La Plata,
con el equipo móvil (MTT), grupo especializado de las fuerzas
estadounidenses que entrenó a militares uruguayos en tácticas y técnicas
para el control del mar fronterizo y la intervención de embarcaciones
–procedimiento conocido como Contrainterferencia Ilícita de Buques–, entre
el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012.
Las maniobras de los comandos navales, llamados United States Navy Sea,
Air and Land (SEAL), proyectan un escenario intimidatorio contra Argentina
y Brasil, al sembrar la amenaza de un teatro de guerra y distraer a los
gobiernos de las dos naciones; implantar el concepto de guerra como método
para combatir el narcotráfico; cargar de subjetividad colectiva a los
pobladores sobre la necesidad de combatir la actividad ilícita que ellos
provocan y toleran; alterar la estabilidad de la región y, ante todo,
aprovechar el caos para recuperar un dominio que han estado perdiendo por
las decisiones tomadas por ambas naciones y parte de los países de la
región andina.
La guerra se asoma: Paraguay –por conducto de su presidente de facto–
acusa a Bolivia de amenaza bélica; confronta a Venezuela por el ingreso al
Mercosur; reclama ayuda a Estados Unidos para combatir al narcotráfico; hay
presuntos grupos armados beligerantes y supuesta presencia del terrorismo
en su territorio. Todo apunta hacia una acción beligerante para admitir la
necesidad de combatir el crimen organizado, sin reconocer que un gran
número de militares, empresarios y gobernantes están involucrados en la
ilegalidad que denuncian y discursivamente quieren combatir.
Por conducto de la ministra de Defensa de Paraguay, María Liz García, se
acusa reiteradamente a Bolivia de ser un foco de peligro, porque “realiza
inversiones millonarias en sus fuerzas armadas, con la ayuda de Venezuela”,
en una supuesta carrera armamentista.
Además, está el pronunciamiento –el 6 de septiembre pasado– de dos
legisladores de la derecha de Paraguay, Víctor Yambay y Édgar Ortiz,
apoyando la instalación de una base militar de Estados Unidos en el Chaco
(noroccidente), con el propósito de “defender” al país de un supuesto
ataque de naciones vecinas ante la destitución del presidente
constitucional Fernando Lugo. Estos parlamentarios proponen la instalación
de la base estadounidense financiada con 560 millones de dólares que se
obtendrían del recorte en los presupuestos de educación y para
infraestructuras programadas.
Hay dudas en el ambiente y una la representa Uruguay, donde no se sabe
qué acuerdos se firmaron después de los ejercicios de los SEAL. ¿Aceptará
Brasil la instalación de un clima de guerra cercano a sus fronteras, en
momentos que existen tensiones con el gobierno paraguayo por el precio que
paga por la energía? ¿Argentina desplazará fuerzas militares y de
gendarmería a la Triple Frontera (Foz de Iguaçú) para evitar flujos
desestabilizadores? ¿Uruguay será el punto de tensión entre Estados Unidos
y Argentina por los apoyos que recibe al participar en los ejercicios
militares y misiones internacionales que redundan en equipamiento de armas
y vehículos para sus fuerzas armadas?
