Artículo de Canese censurado por ABC Color: Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres
El ingeniero Ricardo Canese, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu (foto), entregó a la comisión directiva del SPP un artículo que había remitido al diario ABC Color el 3 de octubre. La nota lleva como título: “Acuerdo Público-Privado: mucho peor que Gramont Berres”. Canese suele obtener espacio en el diario en temas que interesan al director del diario, Aldo Zuccolillo, y que es de vital importancia para la ciudadanía. Tal es el caso del plan de acuerdo con Río Tinto. El empresario está en contra de la multinacional, pero apoya la ley de APP. Por eso el diario no publicó el artículo.
A continuación el material censurado:
Cartes ha tomado la decisión de concentrar todo el poder en sus manos. Las leyes de militarización, alianza público privada y responsabilidad fiscal eliminan al Congreso y al Poder Judicial, y dejan toda decisión a cargo de una persona. Es lo que, en otro contexto, hicieron Stroessner, Pinochet, Menem y Fujimori, con resultados ya conocidos.
La ley titulada de fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público privada, pero en realidad para todo tipo de obras y empresas públicas (transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, hospitales, educación, etc), deja todo el riesgo a cargo del Estado y le libera de todo riesgo a la iniciativa privada. Ésta ni siquiera pagará el costo del proyecto, el que se le devolverá si pierde la licitación o concurso que se llame y, además, por haber formulado el proyecto tendrá un abusivo 10% adicional sobre cualquier otra competencia, favoreciendo así situaciones oligopólicas (prohibidas por la Constitución), favorables a las mayores empresas, que son las que podrán formular los proyectos más costosos y complejos. Río Tinto Alcan será, por ejemplo, uno de los proyectos que podrá ser formulado y presentado como iniciativa privada, o bien Corpus, o una red nacional de colegios técnicos, o de hospitales de última generación.
No estaría mal que la iniciativa privada encare inversiones en áreas que el Estado no lo pueda hacer, pero siempre el Congreso así lo decida (así dice el artículo 202, numeral 11 de la Constitución) y que tal iniciativa privada esté dispuesta a correr los riesgos del caso, como de hecho ya lo está haciendo la empresa privada a nivel industrial, comercial, productivo y de servicios. En ninguno de estos casos el Estado corre riesgo alguno por tales inversiones privadas, las que están, además, aumentando.
Lo grave de la ley de participación público privada –que en este aspecto de la garantía estatal ya está enteramente aprobada, pues la versión de diputados es la misma que la del senado-- es que el único que corre riesgos es el Estado, nada menos que con la totalidad de sus ingresos: impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties de Itaipú, compensación de Yacyretá, préstamos, bonos y hasta compensaciones que podrían incluirse en los contratos, que serán decididos por una única persona, el señor Cartes. Estos ingresos quedarán cautivos del fideicomiso que se constituya para dar garantías al proyecto y, si la obra fuera inviable (como ocurrió con la inversión propuesta por Gramont Berres), será el Estado el que se quedará sin ingresos, pudiendo quedarse sin recursos la educación, la salud y todo otro servicio social que depende de los impuestos, royalties, etc.
Un pálido ejemplo de la situación que plantea la ley en cuestión, es lo que hizo el señor Gramont Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable –nunca funcionó-- el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en bancos que le paguen algo de interés por las mismas (5.000 millones US$) que, tan sólo a un 1%/año, le daría un lucro de 50 millones US$ que, así, el Estado pierde cada año debido a, justamente, una participación público privada realizada por Gramont Berres durante al dictadura de Alfredo Stroessner.
¿Se quiere repetir la nefasta experiencia de Gramont Berres? ¿Por qué se deja a una sola persona, el señor Cartes, para que decida qué contrato firmar y qué garantía darle a los inversionistas privados, incluso impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties y compensaciones, a más de bienes y patrimonio público prácticamente sin límite alguno? Si con apenas un contrato de participación público privada (el Estado participó dándole el aval a Gramont Berres), hemos tenido una pérdida multimillonaria, ¿cuánto se podrá perder “abriendo totalmente la canilla”, como lo hace esta peligrosísima ley?
¿Quién le controlará a Cartes? Nadie, pues según la ley no lo hará el Congreso, ni el Poder Judicial. Tampoco lo harán Contrataciones Públicas o la Contraloría. Evidentemente, vienen tiempos difíciles para el Paraguay.
A continuación el material censurado:
Cartes ha tomado la decisión de concentrar todo el poder en sus manos. Las leyes de militarización, alianza público privada y responsabilidad fiscal eliminan al Congreso y al Poder Judicial, y dejan toda decisión a cargo de una persona. Es lo que, en otro contexto, hicieron Stroessner, Pinochet, Menem y Fujimori, con resultados ya conocidos.
La ley titulada de fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público privada, pero en realidad para todo tipo de obras y empresas públicas (transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable, hospitales, educación, etc), deja todo el riesgo a cargo del Estado y le libera de todo riesgo a la iniciativa privada. Ésta ni siquiera pagará el costo del proyecto, el que se le devolverá si pierde la licitación o concurso que se llame y, además, por haber formulado el proyecto tendrá un abusivo 10% adicional sobre cualquier otra competencia, favoreciendo así situaciones oligopólicas (prohibidas por la Constitución), favorables a las mayores empresas, que son las que podrán formular los proyectos más costosos y complejos. Río Tinto Alcan será, por ejemplo, uno de los proyectos que podrá ser formulado y presentado como iniciativa privada, o bien Corpus, o una red nacional de colegios técnicos, o de hospitales de última generación.
No estaría mal que la iniciativa privada encare inversiones en áreas que el Estado no lo pueda hacer, pero siempre el Congreso así lo decida (así dice el artículo 202, numeral 11 de la Constitución) y que tal iniciativa privada esté dispuesta a correr los riesgos del caso, como de hecho ya lo está haciendo la empresa privada a nivel industrial, comercial, productivo y de servicios. En ninguno de estos casos el Estado corre riesgo alguno por tales inversiones privadas, las que están, además, aumentando.
Lo grave de la ley de participación público privada –que en este aspecto de la garantía estatal ya está enteramente aprobada, pues la versión de diputados es la misma que la del senado-- es que el único que corre riesgos es el Estado, nada menos que con la totalidad de sus ingresos: impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties de Itaipú, compensación de Yacyretá, préstamos, bonos y hasta compensaciones que podrían incluirse en los contratos, que serán decididos por una única persona, el señor Cartes. Estos ingresos quedarán cautivos del fideicomiso que se constituya para dar garantías al proyecto y, si la obra fuera inviable (como ocurrió con la inversión propuesta por Gramont Berres), será el Estado el que se quedará sin ingresos, pudiendo quedarse sin recursos la educación, la salud y todo otro servicio social que depende de los impuestos, royalties, etc.
Un pálido ejemplo de la situación que plantea la ley en cuestión, es lo que hizo el señor Gramont Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable –nunca funcionó-- el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en bancos que le paguen algo de interés por las mismas (5.000 millones US$) que, tan sólo a un 1%/año, le daría un lucro de 50 millones US$ que, así, el Estado pierde cada año debido a, justamente, una participación público privada realizada por Gramont Berres durante al dictadura de Alfredo Stroessner.
¿Se quiere repetir la nefasta experiencia de Gramont Berres? ¿Por qué se deja a una sola persona, el señor Cartes, para que decida qué contrato firmar y qué garantía darle a los inversionistas privados, incluso impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties y compensaciones, a más de bienes y patrimonio público prácticamente sin límite alguno? Si con apenas un contrato de participación público privada (el Estado participó dándole el aval a Gramont Berres), hemos tenido una pérdida multimillonaria, ¿cuánto se podrá perder “abriendo totalmente la canilla”, como lo hace esta peligrosísima ley?
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