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lunes, 8 de junio de 2015

La Mafia "infiltrada" en el poder político


Las alarmantes denuncias de infiltración del crimen organizado que afectan tanto a los tres Poderes del Estado y al Ministerio Público, así como la corrupción e infiltración en la Policía Nacional y la SENAD, son algunos de los puntos resaltados en el informe final presentado hoy por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI).
El senador Miguel Ángel López Perito, como titular de la CBI, presentó el documento ante el plenario de la Cámara de Senadores, que incluye sugerencias a las diversas instituciones, así como la creación de una Ley de Seguridad Fronteriza.
En ese sentido, a la Policía Nacional propone Implementar un proyecto de renovación con especial cuidado en la selección de personal, rigor de la carrera y Asuntos Internos, profesionalidad y control de enriquecimiento ilícito.
A la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), sugiere implementar un proyecto de depuración institucional, selección y formación profesional de agentes, mayor enfoque a financistas del crimen organizado.
Por otro lado, a la SEPRELAD, solicita mayor protagonismo y desarrollo de la capacidad institucional para investigar cuentas bancarias y a la Aduanas recomienda el saneamiento institucional,  el combate a la permeabilidad de las zonas secundarias, vigilancia electrónica y mayor implicancia de la Itaipú Binacional y colaboración estrecha con los órganos del Brasil, son otros puntos incluidos.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, la CBI solicita plantear un rol más gravitante en el combate al tráfico ilícito en la franja de frontera en coordinación con los organismos responsables.
Al Poder Judicial y al Ministerio Público sugiere control interno  y enriquecimiento ilícito de jueces, así como el fortalecimiento de la Unidad Especializada en la investigación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Poder Legislativo no estuvo exento de las instituciones examinadas y por ello, se le sugiere la integración de una CBI Permanente con presupuesto, personal y asesoramiento especializado.  Además, las modificaciones necesarias en las leyes para mayor control, agilidad de procedimientos y rigor en las sanciones.
A los partidos políticos solicita acuerdos para control de candidaturas y mayor control del financiamiento electoral y con relación a las propuestas de cooperación del IFEX (Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión), la CBI recomienda tomar medidas frente a vacíos de garantías de libertad de expresión y ocupar el lugar que dispone nuestro país  en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Críticas
El documento final incluye además críticas a ciertos aspectos que guardan relación con las condiciones de relativa precariedad que tuvo que sortear la CBI para lograr sus objetivos, comenzando por la brevedad de su plazo y otros factores como la falta de presupuesto, contratación de investigadores y asesores especializados para el logro de sus fines. “Solo la Cámara de Senadores contribuyó con el aporte presupuestario pactado”, señala en un punto.
Igualmente, con información recabada por medios propios, la CBI informa que entregó al Ministerio del Interior un mapa de las Comisarías Policiales que supuestamente reciben coimas del crimen organizado en el Departamento de Canindeyu. Solicitó al titular de dicha cartera el cambio de jefes y efectivos policiales de dichas Comisarías, medida que fue tomada a medias. Posteriormente, fueron entregados al Ministro de la SENAD otros dos mapas, el primero con las rutas utilizadas para el transporte de marihuana hacia el Brasil con algunos nombres de involucrados en el mismo y, el segundo, referente a una de las vías de tráfico de la cocaína proveniente de Bolivia y presumiblemente de Perú y Colombia, destinada al mercado brasilero. Todo el tráfico ilícito estaría vinculado a grandes organizaciones mafiosas del Brasil, y no podría funcionar sin el apoyo de autoridades en dichos territorios.
Ante este tipo de datos, la Comisión sugería tomar medidas urgentes, que en muchos casos fueron respondidas positivamente o en su defecto, recibieron respondidas a medias.
A continuación, el informe íntegro.

Informe CBI – Resumen Ejecutivo
Constitución de la CBI
El alevoso asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada, el 16 de octubre de 2014, provocó una ola de indignación ciudadana, alentada por el hecho de que Medina era empleado del periódico ABC Color, el de mayor tirada en el país, un medio que articula de manera gravitante la opinión pública paraguaya. Pablo Medina era el quinto periodista asesinado en corto tiempo, pero nunca antes se había levantado tan fuertemente la ola de protestas por la inacción de los poderes del Estado. Inmediatamente, surgió como sospechoso de la autoría intelectual el Intendente de Ypehu, Canindeyú, Wilmar “Neneco” Acosta y, como autores materiales, su chofer Arnaldo Acosta, su hermano Wilson Acosta y un sobrino de este último. Acosta ya era conocido por otros sonados casos anteriores de homicidios, por lo que se instaló inmediatamente el obvio vínculo entre políticos y el crimen organizado en dicho departamento.
El 3 de noviembre del 2014, el Presidente de la República convocó a una cumbre de poderes del Estado con el objetivo de articular medidas que limitaran el escandaloso poder e impunidad del narcotráfico. Por su parte, el Congreso Nacional, impulsado por la presión ciudadana, decidió constituir una CBI para acompañar la investigación del hecho y sus vínculos con políticos y autoridades públicas. De esta manera, por Resolución N° 502 del 23 de octubre de 2014, de la Cámara de Senadores se constituyó una CBI DEL ASESINATO DEL PERIODISTA PABLO MEDINA Y LA SRTA. ANTONIA ALMADA Y SU RELACIÓN CON LA INFILTRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, medida que fue acompañada por la Cámara de Diputados, mediante la Resolución N° 982 del 6 de noviembre del 2014. La CBI, por Resoluciones N° 503 de la HCS y 2.442 de la Cámara de Diputados, fue integrada por los Senadores Arnoldo Wiens (ANR), Luis Alberto Wagner (PLRA) y Miguel López Perito (Multibancada); y los Diputados Pablino Rodríguez (ANR), Olimpio Rojas (PLRA) y Tomás Rivas (ANR), comenzó a funcionar en fecha 24 de noviembre de 2014, al amparo de lo establecido por la CN en su artículo 195, con un plazo de 45 días hábiles desde su constitución para la presentación de un informe a las respectivas plenarias de Senadores y Diputados, a cumplirse el 19 de marzo de 2015.
Para el funcionamiento de la CBI se acordó conformar un fondo de Gs. 200 millones, aportados en partes iguales por ambas Cámaras y disponer del apoyo logístico del equipo de funcionarios de la Asesoría Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Para investigación de campo fue contratado personal especializado a tiempo parcial. El senador Arnoldo Wiens fue nombrado presidente de la CBI, el diputado Olimpio Rojas vicepresidente y el Senador Luis Alberto Wagner relator. El tiempo del receso parlamentario del 19 de diciembre de 2014 al 1° de marzo de 2015 no interrumpió las labores de la CBI. Ante la cercanía del vencimiento del plazo y las múltiples tareas pendientes, los miembros de la CBI decidieron presentar el pedido de extensión de dicho plazo por otros 45 días más, previa presentación, el 18 de marzo de 2015, de un Informe Preliminar. Por Resoluciones N° 668 de la Cámara de Senadores y N° 1.233 de la Cámara de Diputados, el plazo de la CBI fue extendido hasta el 29 de mayo de 2015.
Para esta segunda etapa fue nombrado Presidente el Senador Miguel López Perito, quedando la Vice Presidencia y la Relatoría constituidas de la misma manera.
La CBI, además de las entrevistas y del acompañamiento de las investigaciones en terreno, acompañó en algunos operativos de destrucción de cultivos de marihuana y de drogas almacenadas de la SENAD. Realizó un total de 26 entrevistas, principalmente con intendentes del Departamento de Canindeyú, diputados, el gobernador, el ex juez Baltasar Garzón y representantes del IFEX, organización internacional de defensa de la libertad de expresión. Constituyó también un catálogo de informaciones periodísticas relacionadas con el tema y fotografías tomadas por medios propios. Se mantuvo dos reuniones con el Embajador del Brasil a efectos de intercambiar información sobre el proceso de extradición de Wilmar Acosta.
El caso Pablo Medina y Antonia Almada
El asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada fue asumido y dilucidado por el Ministerio Público en tiempo record, mediante la investigación de campo y los cruces de llamadas entre los sospechosos, gracias al testimonio de Juana Ruth Almada, hermana de Antonia Almada y sobreviviente del atentado sufrido. La rápida intervención de la fiscala Sandra Quiñonez y los allanamientos realizados condujeron a la imputación del Intendente de Ypehu Wilmar “Neneco” Acosta, su hermano Wilson Acosta, su chofer Arnaldo Cabrera y un sobrino de Wilson Acosta, de nombre Flavio Acosta. La CBI mantuvo contacto permanente con los funcionarios destinados al caso, la fiscala Sandra Quiñonez, el fiscal Cristian Roig y el juez Carlos Martínez. Igualmente, con el ministro del Interior, con el comandante de la Policía Nacional, con el ministro de la SENAD, con políticos, autoridades y periodistas del departamento de Kanindeyu. La investigación condujo a la posterior detención de Arnaldo Cabrera, chofer de Wilmar Acosta y del propio Wilmar Acosta, en territorio brasilero, con la colaboración de la Policía de dicho país. Los trámites de extradición están avanzados y se espera pronta resolución por parte de la Justicia del Brasil. Los demás imputados como autores materiales, Wilson Acosta y Flavio Acosta aún no han sido aprehendidos.
La infiltración del crimen organizado en la política
El cruce de llamadas del teléfono de Wilmar Acosta, detectó que éste se comunicó con la diputada Cristina Villalba en dos oportunidades. Una conversación fue breve y, la otra, de alrededor de 10 minutos. Ambas llamadas fueron del sábado 18 de octubre, dos días después del brutal crimen. Una fue durante y otra después del allanamiento realizado a la vivienda del primero. Además de las llamadas detectadas entre ambos y que, posteriormente, la diputada Villalba llamara al fiscal general del Estado, despertó la sospecha de la protección de políticos del Departamento a Wilmar Acosta. No era la primera vez que Acosta era vinculado a homicidios ocurridos en la región y al tráfico de drogas (UH 17/02/11, UH 02/08/14) y el mismo Pablo Medina habría investigado y publicado informaciones al respecto (ABC 09/11/13: vehículo municipal de Ypehu supuestamente utilizado para transporte de drogas).
También la diputada Cristina Villalba y su hermano Carlos Villalba, Intendente de La Paloma, Departamento de Canindeyú, habían sido mencionados con anterioridad como supuestos protectores políticos del crimen organizado en la región. Más aún, un investigador brasileño, de nombre Alberto Amarilla, se había referido a Carlos Villalba como “el Beira Mar Paraguayo” (ver publicación….).
Otros sonados casos como el del actual Intendente de Yvypyta, Virgilio Portillo Orué (PLRA), quien en el 2008 había sido aprehendido con 8 mil kilos de marihuana; el del Concejal Municipal de Villa Ygatimi, Patricio Estigarribia (PLRA), detenido por efectivos de la SENAD el 10 de enero de 2015, en el distrito de Yvypyta, con 959 kilos de marihuana y otras denuncias existentes sobre supuestos vínculos entre el crimen organizado y políticos, como el sonado caso de actualidad del Diputado suplente Carlos Sánchez “Chirarô” (ANR), ponen en evidencia la insoslayable necesidad de investigar con seriedad dichas denuncias y de dar respuestas responsables y efectivas a la ciudadanía por parte de los Poderes del Estado.
Sin embargo, y tal como ya se señalaba en el Informe Preliminar, existe un pacto de silencio de las autoridades del Departamento sobre el tema, que declaran desconocer datos específicos sobre el cultivo de marihuana y el tráfico ilícito, o reconocen no poder decir nada por las amenazas existentes.
La infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas
Las alarmantes denuncias de infiltración del crimen organizado afectan tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial como al Ministerio Público. Estamos ante un sistema delincuencial de magnitud internacional que combina la producción local de drogas, el tráfico ilícito (estupefacientes, armas, cigarrillos, vehículos, combustibles, químicos prohibidos o regulados, rollos, cubiertas, etc.) con  el financiamiento y el lavado de dinero realizado por instituciones privadas financieras y comerciales, a la que se suma la protección de los organismos públicos  encargados de la represión e investigación de dichos delitos que blindan y otorgan impunidad a dichas actividades. De este modo, se conforma un esquema de delincuencia, amparado en el encubrimiento y su consecuente impunidad.
Particularmente graves son las denuncias de corrupción e infiltración por parte del crimen organizado en la Policía Nacional y la SENAD, organismos por excelencia de investigación y represión de este flagelo. El propio titular de la SENAD ha formulado declaraciones en medios públicos denunciando que su institución “estaría infiltrada en un 70%”, lo que no solamente la desacredita, sino que cuestiona la aptitud de la misma para el cumplimiento de su misión institucional. Lo mismo podemos decir de las denuncias mediáticas de senadores y diputados, muchos de ellos vinculados al entorno presidencial. Y otro tanto ocurre con las denuncias de supuesta complicidad de fiscales y jueces con sonados casos de acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
La conclusión es obvia: el crimen organizado no puede funcionar y desarrollarse sino en comprometido maridaje con el poder político. No puede darse el involucramiento de funcionarios medios o inferiores sin que exista protección, o dirección, en los estamentos superiores.
Lo más llamativo es la ausencia de investigaciones serias sobre personas y situaciones que son de conocimiento generalizado en las regiones en que gobierna el crimen organizado. Tal como podrá observarse en esta investigación y en las notas periodísticas, se mencionan vínculos de políticos con poderosos jefes brasileros de la mafia de frontera. Muchos de los bienes provenientes del tráfico ilícito están a la vista, y los fondos manejados por estos grupos son un secreto a voces en el sector bancario y financiero. Sin embargo, el argumento de los organismos competentes es que no existen condiciones legales para abrir una investigación.
Este criterio inviabiliza, de hecho, cualquier posibilidad de investigar seriamente a los sospechosos de tráfico ilícito o lavado de dinero.
Algunas líneas fundamentales de respuesta
Esta CBI trabajó en condiciones de relativa precariedad para lograr sus objetivos, comenzando por la brevedad de su plazo y otros factores como la falta de presupuesto, contratación de investigadores y asesores especializados para el logro de sus fines. Solo la Cámara de Senadores contribuyó con el aporte presupuestario pactado.
Con información recabada por medios propios, esta CBI entregó al Ministerio del Interior un mapa de las Comisarías Policiales que supuestamente reciben coimas del crimen organizado en el Departamento de Canindeyu, por un valor aproximado de 400 mil dólares mensuales. Solicitó al titular de dicha cartera el cambio de jefes y efectivos policiales de dichas Comisarías, medida que fue tomada a medias por lo que suponemos fue una contra ofensiva del poder político del Departamento. Ésta y otras medidas de protección para la fiscal Cristina Roig y el Juez Carlos Martínez, lo mismo que para periodistas de la zona, fueron preocupaciones prioritarias para esta CBI (ver Informe Preliminar 18/03/15).
Posteriormente, fueron entregados al Ministro de la SENAD otros dos mapas, el primero con las rutas utilizadas para el transporte de marihuana hacia el Brasil con algunos nombres de involucrados en el mismo y, el segundo, referente a una de las vías de tráfico de la cocaína proveniente de Bolivia y presumiblemente de Perú y Colombia, destinada al mercado brasilero. Todo el tráfico ilícito estaría vinculado a grandes organizaciones mafiosas del Brasil, y no podría funcionar sin el apoyo de autoridades en dichos territorios.
Las medidas de urgencia que deben tomarse, a criterio de esta CBI, son, cuanto menos, las que pasan a enumerarse resumidamente.
PODER EJECUTIVO:
  1. Policía Nacional. Implementar un proyecto de renovación de la PN con especial cuidado en la selección de personal, rigor de la carrera y Asuntos Internos, profesionalidad y control de enriquecimiento ilícito. Éstas y otras medidas son sugeridas en este Informe Final.
  2. SENAD. Implementar un proyecto de depuración institucional, selección y formación profesional de agentes, mayor enfoque a financistas del crimen organizado.
  3. SEPRELAD. Mayor protagonismo y desarrollo de la capacidad institucional para investigar cuentas bancarias.
  4. Aduanas. Saneamiento institucional. Combate a la permeabilidad de las zonas secundarias. Vigilancia electrónica. Mayor implicancia de la Itaipú Binacional y colaboración estrecha con los órganos del Brasil.
  5. FFAA. Plantear un rol más gravitante en el combate al tráfico ilícito en la franja de frontera en coordinación con los organismos responsables.
PODER JUDICIAL:
  1. Control interno y enriquecimiento ilícito de jueces
MINISTERIO PÚBLICO:
  1. Fortalecimiento de la Unidad Especializada en la investigación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  2. Control interno y enriquecimiento ilícito de fiscales.
PODER LEGISLATIVO:
  1. Integración de una CBI Permanente con presupuesto, personal y asesoramiento especializado.
  2. Modificaciones necesarias en las leyes para mayor control, agilidad de procedimientos y rigor en las sanciones.
PARTIDOS POLÍTICOS:
  1. Acuerdos para control de candidaturas.
  2. Mayor control del financiamiento electoral.
Por último, de los casos investigados por esta Comisión, presentamos una elocuente relación de informaciones sobre el caso del Gobernador del Departamento de Canindeyú, Alfonso Noria, que ponemos a disposición de la Unidad Especializada para la Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para la investigación correspondiente.
IFEX:
  1. Llevar adelante las propuestas de cooperación del IFEX (Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) a fin de tomar medidas frente a vacíos de garantías de libertad de expresión en el continente, a nivel de Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones del relator de ONU para la libertad de expresión, teniendo en cuenta que hay un asiento del Estado Paraguayo en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.




 ÍNDICE DE CONTENIDO
 1. INTRODUCCIÓN
2.  ASESINATO DE PABLO MEDINA Y SU ASISTENTE, ANTONIA ALMADA
3. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE LA CBI (3.1. – 3.14)
4.INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN, EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y OTROS CRÍMENES
4.1. PODER EJECUTIVO
4.1.1. MINISTERIO DEL INTERIOR/POLICÍA NACIONAL
4.1.2. SENAD
4.1.3. SEPRELAD
4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
4.2. PODER JUDICIAL
4.3. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
4.4. DIRIGENCIA POLÍTICA PARTIDARIA
4.5. RELACIONES DIPLOMÁTICAS
5. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE INVESTIGACIÓN
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
5.1. PODER EJECUTIVO
5.1.1. POLICÍA NACIONAL
5.1.2. SENAD
5.1.3. FUERZAS ARMADAS
5.2. CONGRESO NACIONAL
5.3. MINISTERIO PÚBLICO
5.3.1. Antecedentes en relación al Gobernador Alfonso Noria
Duarte a ser remitidos al Ministerio Público
5.4. PARTIDOS POLÍTICOS Y JUSTICIA ELECTORAL
EPILOGO
6.ANEXOS


  1. INTRODUCCIÓN
                Los Miembros de la Comisión Bicameral de Investigación, tienen el honor de dirigirse a Vuestras Excelencias a fin de elevar un informe final sobre las actividades realizadas por ésta Comisión Investigadora, así como también las conclusiones y propuestas elaboradas por los integrantes de ésta.
Ésta Comisión Parlamentaria ha sido constituida a través de las resoluciones de la Honorable Cámara de Senadores nro. 502 de fecha 23 de octubre del año 2014 y la resolución de la Honorable Cámara de Diputados Nro. 982 de fecha 06 de noviembre de 2014. En ambas se estableció un plazo de duración de la CBI de 45 días, así como también que la misma sería integrada por tres representantes de la Cámara de Senadores y tres de la Cámara de Diputados. Es así que, a través de las resoluciones nro. 503 de la Honorable Cámara de Senadores y Nro. 2442 de la Honorable Cámara de Diputados se han designado a sus miembros, recayendo la Presidencia de la misma en el Senador de la Nación Arnoldo Wiens, Vicepresidente el Diputado Olimpo Rojas, como relator el Senador Luis Alberto Wagner y como miembros el Senador Miguel Ángel López Perito y los Diputados Tomas Rivas y Pablino Rodríguez.
A los efectos de dar funcionalidad a ésta Comisión, se afectó a los funcionarios de la Asesoría Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, quienes sin perjuicio de sus funciones en la misma, han integrado la CBI.
A moción del Senador Arnoldo Wiens, el pleno del Senado aprobó las Resoluciones Nº 668 y Nº 1.233 de la Cámara de Diputados, en el sentido de ampliar 45 días más el plazo de vigencia de la Comisión Bicameral.
En fecha 24 de marzo del cte. año el Senador Miguel Ángel López Perito asume la Presidencia de la CBI ante la renuncia del Senador Arnoldo Wiens.

  1. CRIMEN DE PABLO MEDINA Y SU ASISTENTE ANTONIA ALMADA
El asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada, fue cometido el 16 de octubre del año 2014 y marcó un punto de inflexión tanto en la vida cotidiana del país como en la lucha contra el flagelo del narcotráfico.
Tras la fuerte reacción de la ciudadanía, producto del atroz hecho de sangre, el Congreso Nacional impulsó la creación de la Comisión Bicameral de Investigación del Asesinato del Periodista Pablo Medina y la señorita Antonia Almada y su Relación con la Infiltración del Crimen Organizado en el ámbito Político y las Instituciones del Estado, la que a partir de la fecha de su instauración se dedicó a tiempo completo a indagar los porqué del asesinato, a través de múltiples entrevistas con diversas autoridades, la realización de constitución en diversos sitios de interés, cruzamientos de información y otras técnicas de indagación.
Si bien el alevoso homicidio del periodista no fue el único que ha afectado a casi dos decenas de comunicadores sociales desde 1995, el hecho tuvo mayor repercusión que otros casos similares debido a dos factores: el que Medina fuera corresponsal del diario ABC Color y se destacara por sus constantes denuncias sobre la influencia y los responsables del narcotráfico en la zona, sus actores políticos y otras autoridades, entre ellas las encargadas de la seguridad pública; es decir, los mandos de la Policía Nacional.

El caso tuvo inmediato destaque en los medios de prensa local y periódicos, radios y televisión. Los mismos mantuvieron una cobertura informativa constante del hecho durante los meses siguientes; pero fue el diario ABC-Color el que marcó la pauta informativa al resto de los medios con denuncias que señalaban a los presuntos responsables de “apadrinar” y proteger a los narcotraficantes y sus estructuras.
El crimen del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada ocurrió en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Curuguaty. El periodista de ABC Color, de hecho, completó el recorrido que había anunciado –que sería su última cobertura– a bordo de una camioneta Mitsubishi L-200. Al lado de Medina, se encontraban su secretaria, Antonia Maribel Almada Chamorro (19), y la hermana de ésta, Juana Ruth Almada Chamorro (30), quien viajaba en el asiento trasero del rodado.
Camino a la ciudad de Curuguaty, el vehículo del comunicador fue emboscado por dos hombres con uniformes camuflados (parapara’i), quienes aparecieron desde un monte. Los criminales, tras hacer que Medina detuviera la marcha de su vehículo y, después de asegurarse de su identidad, uno de ellos extrajo una pistola calibre 9 mm. y empezó a disparar. Medina recibió al menos cuatro tiros.
Cuando el comunicador cayó recostado sobre su volante, lo remataron con un tiro de escopeta en la cabeza. Su secretaria acusó dos balazos y murió más tarde, en tanto que la hermana de esta salió ilesa porque los matones aparentemente no la vieron o la dieron por muerta, al verse bañada de sangre de sus contiguos en el vehículo.
Después del asesinato de Pablo Medina y de su asistente, el entonces intendente de Ypehu, Wilmar, Acosta, fue inmediatamente identificado como uno de los principales autores intelectuales del doble homicidio. Las autoridades policiales y la Fiscalía actuante en el caso establecieron entonces que el crimen de Medina y de su asistente implicó la participación de Wilmar Acosta, como autor intelectual del crimen, Wilson y Flavio Acosta como autores materiales, presuntamente secundados por otras personas.
Inmediatamente se procedió a realizar varios allanamientos, uno de ellos fue realizado en la estancia de la familia Acosta, incautándose marihuana y estableciéndose que allí se almacenaba y se procesaba la droga para su tráfico.  Más adelante, se dio captura al chofer y secretario de “Neneco” Acosta, de nombre Arnaldo Cabrera, quien ratificó en las indagatorias que Acosta había ordenado el asesinato del periodista Medina. Asimismo, confesó que el ex intendente estaba cansado de la persecución del periodista, por lo que en el día de su cumpleaños decidió eliminar al mismo y, para llevar a cabo el crimen, convocó a su hermano Wilson Acosta.
En base a todos los elementos probatorios, el entonces intendente de Ypehu, en ese momento prófugo, Wilmar Acosta Marques, su hermano Wilson Acosta Marques y un sobrino identificado como Flavio Acosta Riveros fueron imputados por el Ministerio Público por el hecho punible de homicidio doloso, al intendente, en calidad de autor moral, a Flavio Acosta, Wilson Acosta y a su chofer Arnaldo Cabrera en calidad de autores materiales
Wilmar Neneco Acosta fue capturado en la noche de miércoles 04 de marzo del 2015. Fue detenido en el estado de Minas Gerais a unos 350 kilómetros de la línea de frontera. Tras su detención el Ministro del Interior, Francisco De Vargas confirmó que, además del asesinato de los dos comunicadores, Wilmar estaba siendo buscado por producción y distribución de drogas.
Actualmente y tras el fracaso del pedido de deportación, se encuentra en curso el pedido de extradición. Los demás implicados en el asesinato continúan prófugos y se presume que se encuentran en Brasil.

  1. CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA COMISIÓN BICAMERAL DESDE SU CONSTITUCIÓN

NOVIEMBRE 26, 2014
3.1.        Fiscala Abog. Sandra Quiñonez
En ocasión de la reunión mantenida con la Fiscala, ésta puso en conocimiento de los miembros los avances de la investigación Fiscal, las labores que se viene realizando. Así también, la representante del Ministerio Publico recibió el total respaldo de ésta Comisión investigadora para el esclarecimiento del crimen de Pablo Medina

3.2. DICIEMBRE 1, 2014: ocasión de la constitución de miembros de la CBI en la localidad de Curuguaty.
Los miembros de la CBI realizaron audiencias con: 1) Abog. Carlos Martínez, Juez Penal de Garantías de Curuguaty, 2) Abog. Cristian Roig, Fiscal en lo Penal de la localidad de Curuguaty, 3) Señora Olga Bianconi, viuda del periodista Pablo Medina, 4) Comisario Carlos Aguilera, 5) Intendente Municipal de la ciudad de Curuguaty, Don Carlos Rodas.
En ocasión de la visita a principales autoridades judiciales como Municipales a la Ciudad de Curuguaty hemos concluido, en primer término, el alto nivel de corrupción policial en la zona. Todas las autoridades han manifestado desconfianza hacia las fuerzas policiales y afirman que los oficiales son designados en este departamento con venia de la mafia.
Asimismo, se ha determinado la precariedad con la que funciona el Poder Judicial en la zona, poca infraestructura, magistrados sin protección, falta de insumos y recursos para llevar adelante las tareas jurisdiccionales.
El propio magistrado designado a la causa judicial abierta por el crimen de Pablo Medina ha manifestado a ésta Comisión que es prácticamente imposible mantener el sigilo en caso de libramientos de órdenes de allanamiento u otra tarea investigativa por el alto porcentaje de corrupción entre los mismos funcionarios judiciales y fiscales.
3.3. DICIEMBRE 2, 2014: Ministro del Interior, Abog. Francisco de Vargas
Durante la audiencia mantenida con el Ministro, el mismo ha referido que antes del asesinato del periodista Pablo Medina, había recibido una denuncia por parte de pobladores de la ciudad de Ypehu, donde responsabilizaban al entonces intendente Wilmar Acosta por más de 20 asesinatos ocurridos en la zona. Asimismo, denunciaban que periodistas eran amenazados por Acosta sin precisar nombres.
El Ministro del Interior manifestó que una vez ocurrido el crimen, envió personal policial de la Capital para intervenir en la investigación, ante la total desconfianza hacia los personales de la zona.
Declaró que al momento de realizar el cruce de llamadas de los celulares de Wilmar Acosta pudieron determinar que el mismo se había comunicado en dos ocasiones con la diputada Cristina Villalba; una a las siete de la mañana, que era el momento en que se estaba realizando el allanamiento en el local de la intendencia; y después a las diez de la mañana. Esta comunicación duro aproximadamente 10 minutos.
Siguió diciendo que, posterior al crimen de Medina, varios oficiales de la zona han sido sumariados y se realizaron varios cambios de agentes en todo el departamento, no solamente en Curuguaty.
Manifestó que en varias ocasiones fue requerido por la Diputada Cristina Villalba cuando ésta no estaba conforme con los cambios realizados en el Departamento, a lo que el mismo manifestaba que no tenía por qué consultar sus decisiones.

3.4. DICIEMBRE 3, 2014: Constitución de miembros de la CBI, ante la Fiscalía General del Estado.
En ocasión de la visita mantenida por los Miembros de la Comisión, el Fiscal General del Estado ha manifestado que, por recomendación de la CBI, los agentes del Ministerio Público de Curuguaty han obtenido custodia policial. Anteriormente, los propios Fiscales rechazaban ésta protección pues no confiaban en los policías de la zona.
Como Institución, reconoció la deficiencia del Ministerio Público en varios departamentos, entre ellos el de Canindeyú. Sostiene que la deficiencia es debida a la falta de agentes Fiscales. Expone que poseen unidades fiscales creadas en todo el país y, en total, cuentan a la fecha con 447 agentes fiscales. En realidad, según acotó, necesitan doblar esa cantidad para cubrir las necesidades. Reconoce que la Institución trabaja mal por la falta imperiosa de recursos humanos, además de la precariedad de recursos financieros.
En la Fiscalía de Curuguaty se ha realizado una auditoria a los funcionarios e inclusive se ha trasladado a uno de ellos a otra sede fiscal. Además, el Fiscal General del Estado se ha comprometido en seguir fortaleciendo la Fiscalía de Curuguaty, dotándola de más Agentes Fiscales así como de los recursos necesarios.
3.5. DICIEMBRE 4, 2014: Audiencia con el Secretario Ejecutivo de la SENAD, Abog. Luis Rojas.
En oportunidad de reunirse con los Miembros de la CBI, el Ministro Secretario de la SENAD manifestó que luego de la muerte de Pablo Medina se ha realizado un diagnóstico, lo más técnicamente posible en la zona y que solo se han encontrado 105 parcelas activas en todo Canindeyú.
Reconoce que con el tema de la marihuana se siguen cometiendo errores históricos al concentrarse únicamente en la erradicación del cultivo más que en la investigación de sus financistas para desarticular la estructura criminal.
En el departamento de Canindeyú se cuenta con tan solo seis agentes y la base de operaciones se encuentra en Salto del Guaira.
Habló también del alto porcentaje de corrupción que existe dentro de la institución, manifestando que para ciertos operativos se manejan tan solo con un grupo reducido de su total confianza. Refiere que el agente corrupto es peor que el narcotraficante, porque entiende el método de trabajo, sabe cómo ocultar las evidencias y demás.
Manifestó que Pablo Medina nunca fue informante de la Senad y que el primer contacto con el periodista se produjo cuando se realizó el operativo de Curuguaty, donde se encontró el túnel de la marihuana. A partir de aquel momento, el profesional se acercó a la SENAD, pidió datos estadísticos sobre operaciones en el lugar, manifestado estar preparando un trabajo sobre el rollo-tráfico y la marihuana.
Refirió que los grandes clientes del narcotráfico del Brasil son los grupos armados, tales como el Comando Vermelho, el PCC y el Primer Comando Catarinense, que se encargan de recibir y comprar la cocaína.
La Paloma, aunque no esté en la frontera directamente, es un centro de operaciones del Comando Vermelho. También se refirió a “profesionales” que se encargan de lavar dinero.
3.6. DICIEMBRE 9, 2014: Intendente Municipal de la localidad de Ypejhú, Don Emigdio Morel y el de la Junta Municipal de la localidad de Ypejhú, Don Jorge Antonio Ferreira.
En oportunidad de reunirse con las autoridades municipales, estos negaron que más del 70% de la población de la zona se dedique directa o indirectamente al tráfico de marihuana. Reconocieron, en cambio, que existe un porcentaje de más o menos el 35% de sus pobladores que lo tienen como medio de subsistencia.
Ambos conocían a Wilmar Acosta pero dijeron que eran adversarios políticos, por lo que no tenían buena relación.
3.7. DICIEMBRE 16, 2014: Coronel Felipe Orrego.
Ante la Comisión Bicameral, el coronel Orrego reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas con Wilmar Acosta, pero añadió que se suscribieron al ámbito institucional por tratarse de autoridades y que tras el crimen del periodista no tuvo comunicación alguna ya con el ex intendente. Indicó, además, que se había enterado del homicidio a través de una radio comunitaria. Ha negado cada una de las versiones de los medios de comunicación que lo sindicaban como protector de Wilmar Acosta y que, inclusive, estas declaraciones fueron motivo de un sumario administrativo.
3.8. DICIEMBRE 18, 2014: Reunión Interinstitucional.

La reunión fue realizada con presencia de las siguientes autoridades: ministro del Interior, Abog. Francisco de Vargas. Comandante de la Policía Nacional. Crio. Gral. Comandante Francisco Alvarenga, Fiscal General del Estado, Abog. Javier Díaz Verón, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Luis Rojas.
Motivados por la necesidad de lograr una mejor cooperación interinstitucional, la CBI ha convocado a autoridades de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico y delitos conexos
3.9. ENERO, 29   2015: Constitución de los Miembros de la C.B.I. en la localidad de Curuguaty.
Se procedió a la destrucción de 12,351 kilogramos de marihuana prensada. La misma tuvo lugar en terrenos de la Tercera División de Caballería de Curuguaty y en presencia de miembros de la Comisión Bicameral, el Juez de Garantías de Curuguaty, Carlos Martínez, Agentes Fiscales y personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
Los miembros de la Comisión que acompañaron el procedimiento destacaron la decisión del Juez Carlos Martínez y de los Agentes Fiscales Christian Royg y Nestor Cañete para llevar adelante la destrucción de la droga decomisada.
Existen a la fecha más de 10 toneladas de marihuana en el depósito de evidencias de la fiscalía en Curuguaty que no pudieron ser incineradas aún por cuestiones legales.
3.10. FEBRERO, 2, 2015: Reunión de la CBI, Sala de Sesiones de la Presidencia del Senado, con representantes de la SENAD.
                Durante la sesión extraordinaria de la CBI el Director General Antidrogas, Édgar Almada, informó que la SENAD ha decomisado más de 24 toneladas de marihuana en 22 operaciones realizadas en el departamento de Canindeyú, en el año 2014. Durante los operativos destinados a combatir el flagelo del narcotráfico en ese departamento del norte del país, los efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas destruyeron unas 900 mil plantas de Cannabis Sativa en 90 hectáreas plantadas, las que de haber llegado a término hubieran significado el posible ingreso al mercado de 270 toneladas del estupefaciente.
Informaron que en el Departamento de Canindeyú, en forma particular están los dos problemas principales que tienen, que son la producción de marihuana y el crimen organizado transnacional, también vinculado a la cocaína.
En cuanto a la producción de marihuana, Canindeyú es el segundo departamento en potencial de producción en el Paraguay.
Los representantes de la SENAD destacaron en todo momento la colaboración que reciben de la Policía Federal Brasileña.
3.11. MARZO, 3   2015: Reunión de la CBI, Sala de Sesiones de la Presidencia del Senado, con el Ministro de la SEPRELAD, Oscar Boidanich
Durante la reunión se trataron importantes temas relacionados con el apoyo que la Seprelad puede aportar, ya que todas las informaciones deben ser solicitadas exclusivamente por orden judicial, por lo que se ha buscado la manera en que la SEPRELAD puede coadyuvar con la labor de ésta Comisión.
3.12. MARZO, 10   2015: Reunión de la CBI, Sala de Sesiones de la Presidencia del Senado.
Presencia de: el gobernador del Departamento de Canindeyú, Alfonso Noria y la diputada Cristina Villalba.
Las entrevistas con la Diputada Cristina Villalba y el Gobernador Alfonso Noria, autoridades departamentales, no han aportado mayores datos para la labor de la CBI. Si bien la Diputada Villalba confirmó la existencia de “zonas rojas” en su departamento, manifestó que existen instituciones específicas para el combate del flagelo, por lo que no está al tanto de ésta problemática. Declaro además que su trabajo es dar atención a las necesidades de los pobladores de la zona, educación, salud, etc.
Ambos conocían al periodista Pablo Medina y aseguraron poseer una buena relación con el mismo. Además, reconocieron que el mismo en diversas oportunidades realizaba labores periodísticas para la Gobernación.
Asimismo, ambos manifestaron conocer a Wilmar Acosta por pertenecer al mismo partido político y por sus tareas como Intendente de Ypehu. Dijeron desconocer a qué se dedicaba o su supuesta vinculación con el narcotráfico.
Al ser consultada la Diputada Villalba sobre las comunicaciones que mantuvo con Wilmar Acosta luego de la muerte de Pablo Medina, respondió que se comunicó con él una sola vez. Negó el hecho de que Neneco se haya ocultado en una propiedad de su hermano Carlos Villalba antes de huir al Brasil.
El gobernador Noria manifestó no tener influencia en lo que se refiere a cambios en la policía o en la Fiscalía de la zona. Desconocen por qué se los vincula permanentemente con gente del crimen organizado y el narcotráfico. Dijeron sentirse perseguidos por los medios de prensa.
Al ser preguntado por la llamada “ruta de las coimas”, el Gobernador Noria manifestó a la CBI que “nunca estuvo metido en cosas de la frontera”, que Saltos del Guaira es otro mundo y que en Curuguaty no se manejan esos temas.
Esperan que con la detención de Wilmar Acosta todo quede aclarado.
3.13. Reunión de la CBI con autoridades Municipales del Departamento de Canindeyú
Estuvieron presentes: José Asunción Martínez, intendente de Villa Ygatimi; Julio César Britez, intendente municipal de Catuete; Intendente Municipal de La Paloma, Carlos Villalba; intendente municipal de Yacy Cañy, Luis Alberto Macorito y el intendente de Yby Pyta, Virgilio Portillo.
                Las autoridades Municipales del Departamento no han negado la problemática de sus intendencias y manifestaron que, si bien no poseen datos concretos, ni pueden aportar nombres, el tema del narcotráfico es “vox populi” entre los habitantes de las denominadas “zonas rojas”.
En su mayoría han coincidido en que la principal causa del crecimiento constante de las plantaciones de marihuana se debe al abandono total por parte del Estado a los pobladores y a sus autoridades locales. Refirieron, además, que no existen caminos, no hay oportunidades de trabajo, lo que hace que los pobladores deban buscar alternativas para su propia supervivencia, pues los rubros legales, tales como chia, mandioca, maíz y otros apenas les permiten una subsistencia miserable y eso los lleva a plantar marihuana.
A pesar de que el Poder Ejecutivo declaró la zona de emergencia en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción, hasta el momento los distritos del departamento no recibió la visita de ninguno de los representantes de los ministerios que supuestamente están operando en la zona.

El intendente del distrito de La Paloma, Carlos Villalba manifestó a los miembros de la CBI desconocer totalmente que en la zona este del departamento de Canindeyú existan actividades relacionadas al tráfico de drogas. Manifestó que en La Paloma prácticamente no existe este tipo de actividad, porque es una zona altamente productiva, mecanizada, etcétera, y afirmó desconocer cualquier dato sobre el tema de narcotráfico y crimen organizado.

En ocasión de comparecer ante la CBI, el intendente del municipio de Yby Pyta, Sr. Virgilio Portillo manifestó su gran desconfianza ante las fuerzas policiales que prestan servicios en su comunidad. Manifestó que recibe constantes quejas de parte de los pobladores de que son amenazados, por lo que en varias ocasiones solicito el cambio de los agentes policiales, sin obtener respuesta de las autoridades departamentales. Alego que conocía solamente de vista a Wilmar Acosta y que tenía conocimiento por comentarios de sus actividades ligadas al tráfico. A Pablo Medina lo conocía solamente de vista. Sobres las causas judiciales que poseía, manifestó que fue sobreseído, motivo por el cual pudo candidatarse.
3.14. Audiencia de la CBI con el Dr. Baltazar Garzón
En ocasión de la reunión mantenida con el connotado jurista español, el mismo comprometió el total apoyo de la Fundación Internacional que lleva su nombre a las labores de la CBI. Resalto la necesidad de llevar adelante una investigación más profunda, debido a la universalidad del problema, el enfoque de la misma no puede circunscribirse al ámbito local, sino que debe ser encarado situándolo en el contexto hemisférico, además de la necesidad de que una comisión de éste carácter debe contar necesariamente con todos los recursos legales, materiales y financieros para que pueda cumplir su mandato.
3.15 Audiencia con IFEX
Los miembros de la Comisión Bicameral se han reunido con Integrantes de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX). Los mismos han recomendado a ésta CBI contemplar el posible acompañamiento de la comunidad internacional frente al tema de inseguridad de los periodistas en zonas de riesgo; en el mundo hay una expertiz técnica en materia de libertad de expresión, el cual se encuentra a total disposición del Estado Paraguayo en su conjunto para tomar medidas frente a vacíos de garantías de libertad de expresión, en el continente, a nivel de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión por lo que es sumamente importante para Paraguay, teniendo en cuenta que hay un asiento del Estado Paraguayo en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

  1. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN, EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y OTROS CRÍMENES.

4.1. Poder Ejecutivo.
4.1.1Ministerio del Interior – Policía Nacional
El trabajo policial que acompañó las acciones investigativas del Ministerio Público tuvo una eficiencia relativa, puesto que los efectivos policiales no lograron detener a los autores del doble homicidio, pese a conocerse la identidad de los mismos, tanto de los intelectuales y materiales, desde pocas horas después de acaecido el hecho.
Luego de varias semanas fue capturado el chofer y hombre de confianza de Vilmar “Neneco” Acosta, pero los principales actores, los ejecutores materiales de los asesinatos siguen prófugos y, a pesar de que primeramente se ha informado de la participación de la Policía Nacional en la detención de Wilmar Acosta en territorio brasileño, este hecho fue desmentido rotundamente por la vocería de la Policía Civil del estado de Mato Grosso do Sul, que señaló que “los policías paraguayos solo nos entregaron una foto del acusado, sus datos personales y un relatorio de los hechos, pero fue la Policía Civil la que investigó hasta poder detener al acusado”.
Así como hemos referido en el informe parcial, ésta Comisión ha acompañado de cerca los procedimientos realizados por la Policía Nacional, ha sugerido en forma reiterada los cambios de policías de la zona.
Gracias a investigaciones realizadas por ésta CBI se logró determinar “la ruta de las coimas”. La misma fue difundida por los medios de prensa. Este fue un trabajo de investigación de ésta Comisión y el mismo desembocó en el cambio total de los cuadros superiores de todo el departamento de Canindeyú. No obstante, después de algunas semanas, incomprensiblemente para esta Comisión, se volvieron a hacer cambios sin explicaciones valederas.
Ha quedado probado el alto índice de corrupción en las fuerzas policiales del departamento de Canindeyú, lo cual hace que los narcotraficantes gocen de impunidad, protección y hasta complicidad de varios efectivos policiales.
4.1.2. SENAD
Ésta Comisión ha acompañado de cerca una serie de procedimientos y operativos en la zona de Curuguaty. Los mismos se han intensificado gracias a la gestión de ésta CBI. Se han destruido cifras records de hectáreas de plantaciones de marihuana, se han desbaratado una serie de bandas, incluyendo el caso de autoridades municipales, concejales de la localidad de Yby Pyta. La SENAD no escapa a la corrupción interna, como organismo principal de lucha contra el narcotráfico.
A través de las gestiones realizadas por miembros de la Comisión, se logró la destrucción por incineración de 12,357 kilogramos de marihuana prensada que, en algunos casos, había permanecido varios años en los depósitos de evidencia de la Fiscalía de la ciudad de Curuguaty.
La CBI ha hecho entrega al Ministro de la Senad de dos mapas que corresponderían a la “ruta de la cocaína” y a la “ruta de la marihuana”, los cuales determina cómo y por donde estarían circulando desde Bolivia estos estupefacientes.
4.1.3. SEPRELAD
Posterior a la reunión mencionada en la cronología de actividades (3.11), las autoridades de la SEPRELAD remitieron una nota a través de la cual comprometían su cooperación, previa suscripción de un convenio de colaboración redactado por los mismos. La suscripción de éste acuerdo pretendido por la SEPRELAD riñe con lo establecido en el Art. 195 de Constitución de la Republica, que estable la obligatoriedad de todas las instituciones estatales de prestar colaboración cuando una comisión Bicameral lo requiera. Así, dicho precepto Constitucional dispone: Artículo 195 – “Ambas Cámaras del congreso podrán construir comisiones conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus miembros. Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación…”
4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS           
En cuanto a un diagnóstico de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), esta ha tenido, en cuanto a su capacidad recaudadora, un significativo mejoramiento durante la actual administración. En tal sentido, en el mes de abril cerró nuevamente con saldo favorable con lo que completa 12 meses consecutivos de superávit mensual de recaudaciones, conforme con los datos del Sistema Informático SOFIA, de la institución y, en algunos meses, incluso, han alcanzado récords históricos de ingreso.
En relación a las denominadas “Zona primarias”, en estas los controles son estrictos aunque, según el propio director, Nelson Valiente, por “Aduanas entra el 15 o 20 por ciento del contrabando”.
Entre las irregularidades que buscan combatir en todas las aduanas, están la “bicleteada de despachos” en todas sus formas, especial con productos denominados “solo para exportación”, desde los Países productores. También el ingreso de materia prima de primera calidad para fabricación de productos acabados declarándolos como “desperdicios” y, además, los despachos “adelantados” para alcanzar superávit de recaudación y luego el exportador tiene su “premio”.
También persiguen la existencia de “clientes permanentes y seguros” que pagan un canon casi fijo, pero sus productos no pasan normalmente por zona primaria.
En relación a la “Zona secundaria”, Valiente estima el ingreso del contrabando por esta zona en un promedio de entre 75 a 80 por ciento. La zona secundaria está constituida por frontera seca y por los ríos. El control fuera de la zona primaria es ejercida normalmente por la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) y el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), dependientes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
A partir del decreto 622/2013, la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), es la coordinadora de las intervenciones fuera de zona primaria. El Artículo 336 de la Ley No 2422/2004 define el contrabando como las acciones u omisiones, operaciones o manejos, que tiendan a introducir al país o a extraer de él, mercaderías o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan o prohíben su importación o exportación.
En Aduanas se enfatiza normalmente en “las acciones u omisiones, operaciones o manejos, que tiendan a introducir al país, mercaderías o efectos de cualquier clase”…especialmente en zona primaria y se descuida las que se extraen del País, dando por descontado que no violan las leyes que regulan o prohíben su exportación.
Los famosos “decomisos programados”, son otros de los flagelos de las actividades aduaneras. Es decir, se incautan mercaderías de menor valor, mientras que al mismo tiempo, por ruta alterna, circula un gran volumen. En tal sentido, existe un importante volumen de incautación de mercaderías, pero el contrabando es mucho mayor.
En cuanto a las Aduanas en la frontera con Brasil, la de Pedro Juan Caballero, en cuanto a su Zona Primaria, esta está establecida en la ciudad de Pedro Juan Caballero y tiene un resguardo en Bella vista Norte y Capitán Bado.      En lo referente a la Zona Secundaria, posee la línea seca de frontera y el río Apa. En este espacio, la frontera seca con Brasil, en toda su extensión, es muy permeable al tráfico ilícito. Imperan los tráficos ilícitos en la frontera seca y el hampa maneja la zona
La Zona Primaria de Salto de Guairá, ubicada en la ciudad y tiene su zona de resguardo en Pindoty Pora e Ypehu, mientras que la Zona Secundaria es la línea de frontera seca, así como el Río Paraná y el lago Itaipú, desde Puerto Indio. Es una de las aduanas cuya Zona Secundaria inmediata, ubicada en la línea de frontera, es muy permeable a todo tipo de tráfico de ilícitos. Entre Salto de Guaira y Puerto Indio operan cientos de puertos clandestinos, donde el crimen organizado trafica incansablemente.
Las localidades de Itanara, Ypehu, Pacoba, Pindoty Pora, Canindeyui, también son lugares claves del tráfico ilegal, donde el crimen organizado impera. En estos lugares los organismos de control aduanero de zona secundaria están ausentes.
En lo que respecta a la Aduana de Ciudad del Este, tiene su resguardo en Puerto Indio, aguas arriba, mientras que su Zona Secundaria es a lo largo del río Paraná y el lago Itaipú.
Entre los ríos Acaray y el Iguazú, operan más de cien embarcaderos ilegales de contrabando sobre el Paraná, principalmente a la noche. Para acceder a esos lugares, se deben cruzar algunos populosos barrios, tales como San Rafael, Catedral, San Miguel y Remansito, “Kure kua”, barrio Kuwait de Presidente Franco, lo que resulta prácticamente imposible para quien no pertenece al esquema de tráfico ilegal complejamente montado. En territorio paraguayo, los traficantes imponen su ley y hasta impiden que las personas que viven en condiciones precarias cerca de la barranca del río Paraná salgan de sus casas.
El cruce del río se realiza en menos de diez minutos hasta otros puertos clandestinos, como en la favela Jardín Jupira, de Foz de Yguazú. Se trabaja principalmente con lanchas deslizadoras, con poderosos motores fuera de borda, que navegan a alta velocidad, y las cargas son principalmente de poco volumen, pero dejan mucho dinero.

En el Lago de Itaipú, aguas arriba de la represa, el cruce se hace en barcazas más grandes y más lentas, pero el viaje es más seguro y las cargas son más grandes.  Unos 300 puertos clandestinos fueron ubicados por la Receita     Federal a lo largo de todo el perímetro del lago Itaipú. Controlar el lago requiere muchos recursos, pues se tienen unos 170 kilómetros de largo de cada lado.
En relación al Decreto No 622 del 8 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo creó, mediante este decreto, la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con el objetivo de superar las limitaciones de las acciones aisladas y a fin de enfrentar exitosamente el flagelo del comercio fronterizo ilegal.
El decreto de creación de la UIC, se fundamenta el Artículo 336 de la Ley No 2422/2004, “Código Aduanero”, en el Decreto Reglamentario Nro.
4672/2005 del mismo código y además en el considerando agrega: “Que el contrabando constituye una infracción aduanera y un hecho punible de acción penal pública, el cual el Artículo 336 de la Ley No 2422/2004 define como las acciones u omisiones, operaciones o manejos, que tiendan a introducir al país o a extraer de él, mercaderías o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan o prohíben su importación o exportación”. (VER ANEXO)
Por otro lado, mediante el No 669 del 12 de noviembre de 2013; el Poder Ejecutivo nombra al Viceministro de Comercio Pablo Cuevas, como Coordinador ejecutivo de la UIC. (VER ANEXO)
De esta manera, el organismo está liderado por el MIC y lo integran la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave).
En cuanto a las acciones de la UIC, se realizan con la implementación del denominado “Operativo Hendy”, de las fuerzas de contención, con apoyo militar y policial, en los principales puestos de acceso al país como el Puente Internacional de la Amistad, en Ciudad del Este, San Roque González de Santacruz, en Encarnación, el puente Remanso, el puerto de Itá Enramada, Saltos del Guairá y Pedro Juan Caballero.
Conforme a los datos brindados por el titular de la UIC, Viceministro de Comercio Pablo Cuevas, las fuerzas operativas están compuestas por más de 70 efectivos de la Prefectura Naval, 30 de Aduanas, 40 agentes de Delitos Económicos de la Policía Nacional, más de 40 componentes de la Policía Antimotines, 12 del Ministerio de Industria y Comercio, 12 agentes de la SENAD y otra partida de la Policía Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. A los efectos de su trabajo, la UIC utiliza también cámaras instaladas en zonas primarias de aduanas.
                A modo de conclusión en relación a la política de prevención y prosecución del contrabando y tráficos ilegales, el MIC lidera la UIC en abierta violación a la Ley 2422/2004,”Codigo Aduanero”, que confiere esta responsabilidad a la Dirección Nacional de Aduanas.
El DETAVE, al pasar a formar parte de la UIC, deja de tener autonomía y libertad de acción, lo cual influye en sus intervenciones. Este organismo necesita más medios para lograr mejores resultados.
Dentro del contexto de la seguridad del lago Itaipú; la Superintendencia de Seguridad Empresarial de la Itaipú Binacional no ejerce el liderazgo de todos los órganos de seguridad de la represa y no fueron renovados convenios con las FFAA.
4.2. Poder Judicial
El propio presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, asegura que la corrupción afecta a un 25 por ciento de los jueces. Según este organismo, existen unos 1.300 funcionarios judiciales en Paraguay, entre jueces, fiscales y defensores públicos, de los que unos 500 están denunciados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por casos de corrupción, narcotráfico y otros presuntos delitos.
La Corte Suprema de Justicia está desprestigiada, y está siendo permanentemente cuestionada por la ciudadanía y los medios de comunicación.
El ex ministro de la Corte Suprema Víctor Manuel Núñez Rodríguez, presentó renuncia el año pasado y fue el superintendente de la circunscripción judicial de Canindeyú. A éste se lo involucro en el caso de denuncia por doble nacionalidad de Wilmar “Neneco” Acosta, que había sido presentada por un oponente político, que terminó muerto. Fue vinculado con una presión para liberar a Wilmar “Neneco” Acosta y su padre, Vidal Acosta, en el año 2011, cuando estuvieron presos en la cárcel de Coronel Oviedo por encontrarse restos humanos en el patio de la casa de Vidal Acosta.
Wilmar “Neneco” Acosta Marques había sido liberado por la Justicia paraguaya, luego de que en la propiedad de su padre, Vidal Acosta González, se hallaran los restos de víctimas que se atribuyen al ex intendente de Ypehu. Ante esta resolución del Poder Judicial, Pablo Medina criticó férreamente a los camaristas de Salto del Guairá, Venancio López, Rosalinda Guens y Justo Pastor Benítez. Todo fue negado por el ex Ministro en una conferencia de prensa.
Según relatos de pobladores, a menudo, por vía aérea llegaba Víctor Núñez en los alrededores de Ypehu, a visitar a unos amigos y pasar momentos agradables.
En cuanto al juez penal de garantías de Curuguaty Carlos Martínez, este fue relevado del cargo, presuntamente por presiones de la diputada colorada María Cristina Villalba y el gobernador de Canindeyú Alfonso Noria Duarte. En la Corte Suprema se informó que varios jueces fueron reubicados en las respectivas jurisdicciones donde fueron nombrados. Afirmaron, también, que el caso Pablo es prioridad.
Por presión de la CBI, la Corte Suprema cambió su decisión inicial y el Juez Martínez sigue en Curuguaty, realizando un buen trabajo en el caso del homicidio de Pablo Medina.
Varios homicidios fueron registrados en Canindeyú, con fallos polémicos de la justicia en varios casos y en otras ni siquiera se ha investigado.
La primera víctima, hace 14 años, fue Salvador Medina, justamente uno de los hermanos de Pablo Medina, también periodista. Los asesinatos son atribuidos a los clanes que dominan la zona de Canindeyú y San Pedro. Las constantes denuncias que Salvador realizaba en su programa en Radio Ñemity FM, sobre casos de narcotráfico y deforestación en la zona de Canindeyú y San Pedro, habrían sido los motivos de su asesinato hace 14 años.
Un clan envuelto en varios casos de asesinatos es el de los Villalba y un caso señalado es el que involucra al esposo y suplente de la diputada colorada Cristina Villalba, Félix Antonio Abente, quien fue señalado en el 2005 por varios testigos como el autor del homicidio de Ramón Concepción Villamayor; sin embargo, el juez Silvio Flores lo sobreseyó del crimen.
Otra víctima de asesinato que supuestamente involucra al clan Villalba es el caso de Rosimar Dos Santos, quien era candidato a concejal en la localidad de La Paloma y era líder de un movimiento contrario a los intereses de dicha familia.
La guerra de clanes mafiosos en esta zona del país también cobró víctimas, como lo acontecido con Víctor y Elvio Acosta Marques, hermanos del propio Wilmar Acosta, quien responsabilizó al clan Giménez Suárez del asesinato de los mencionados, ocurrido en octubre de 2009. La venganza no tardó en llegar con la muerte de Silvio Ramón Giménez Suárez, Carmelo Ayala y Marcos Pereira, quienes fueron asesinados en diciembre del mismo año por los Acosta Marques.
Por dicho suceso, fueron procesados Wilmar y Wilson Acosta Marques, este último sobreseído por la justicia paraguaya, mientras que Wilmar, quedó en espera de la resolución de su sobreseimiento. Al clan Acosta Marques se le atribuyen más de 16 casos de homicidios cometidos en la zona de Canindeyú y un total de 27 personas que fueron asesinadas brutalmente.
Además, el fiscal de Capiatá, José Luis Casaccia y la Jueza Norma Salomón fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el Senador Robert Acevedo tras el presunto mal desempeño en sus funciones en donde el ex Sub Oficial de la Policía Águedo Ronaldo Lezcano Paredes, capturado in fraganti con dos litros de cocaína junto a su primo, logró su libertad. Había sido detenido el pasado 5 de marzo de 2013, al ser interceptado por agentes de Investigación de Delitos en Capiatá, cuando transportaba en su camioneta Toyota Hilux, junto con su primo Félix Adilson Paredes Alcaraz (26), más de dos litros de cocaína líquida en 27 preservativos que estaban dentro de un termo. La mercancía debía ser enviada ese mismo día a Europa a través de una mula que iba a partir del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
Asimismo, el fraude detectado en la Escuela Judicial, en febrero de este año, ratifica la profunda inserción de la corrupción en la sociedad. El hecho de que algunos de aquellos abogados que alguna vez se postularán para ser fiscales, jueces y defensores públicos hayan comprado las preguntas y respuestas de un examen habla a las claras de la deshonestidad de quienes pueden llegar a ejercer funciones de relevante trascendencia en la Justicia. Si ya como alumnos son corruptos, mañana, desde sus funciones, pedirán y recibirán coimas, venderán sentencias, dejarán libres a culpables y condenarán a inocentes.
En lo que respecta a la morosidad y el abuso de la prisión preventiva, son otros de los vicios del Poder Judicial. En Canindeyu, es normal que expedientes relacionados con políticos del partido de gobierno o de la oposición se extravíen.
En un caso concreto, en un proceso lleno de irregularidades en Canindeyu, en marzo de 2015; los jueces Ramón Trinidad Zelaya y Marta Romero de Vera votaron por la absolución de Simón Núñez Antúnez y César Godoy González, mientras que Benito González votó a favor de la condena para ambos procesados tras el hallazgo de 571 kilos de marihuana. Ambos son considerados hombres que integraban el grupo liderado por Benigno Rodríguez Barrios, quien a su vez pertenece al clan de Wilmar Neneco Acosta.
En el 2014 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano encargado de juzgar a ministros de la Corte, jueces, fiscales, defensores públicos y jueces de paz removió a nueve fiscales y jueces investigados en su mayoría por beneficios que dieron a personas procesadas por narcotráfico. El 2013 fue un año donde cuatro magistrados fueron removido por procesos que tiene que ver con drogas.
En total, en el 2014 ingresaron 190 expedientes, 45 enjuiciamientos fueron iniciados de oficio, fueron objeto de enjuiciamiento 39 magistrados y 17 fiscales. Los expedientes rechazados in limine son 157. Los autos interlocutorios fueron 327; enjuiciamientos en trámite 22; expedientes en estado autos para sentencia 31; fiscales y magistrados apercibidos, 11; absueltos, 58; cancelación, 44. El órgano mantuvo 21 sesiones ordinarias bajo la presidencia de Adrián Salas.
Los camaristas que ayudaron a Wilmar Acosta Marques, a poder candidatarse y postularse a la intendencia no fueron ni suspendidos ni apercibidos. En noviembre del 2014, el Jurado había iniciado de oficio una investigación contra los miembros del tribunal electoral de Alto Paraná y Canindeyú, integrado por Benicio Rodríguez, Carmen Chávez y Francisco Zacarías Cubillas, quienes permitieron que Neneco Acosta se candidate a intendente de Ypehu y obtuviera una posterior victoria, pese a que tiene doble nacionalidad: la paraguaya y la brasileña.
4.3. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Desde el inicio de la labor de ésta Comisión se ha mantenido una serie de reuniones con el Fiscal General del Estado, la Fiscal Sandra Quiñonez, designada como fiscal especial para éste caso, los fiscales de Curuguaty, Cristian Roig y Néstor Cañete con quienes se ha estado en permanente comunicación durante todo el proceso.
Actualmente, el Ministerio Público acompaña directamente todo el proceso de extradición de Wilmar Acosta a través de la Unidad de Asuntos Internacionales a cargo del Fiscal Juan Emilio Oviedo.
Consideramos un logro importante la reciente creación de la “Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” hoy a cargo del Fiscal Hernán Galeano, a quien en oportunidad de concurrir ante ésta Comisión se le hizo entrega de información altamente sensible acerca de un importante número de personas que estarían involucradas, cuanto menos, en el delito de lavado de activos, sin descartar sus nexos con el narcotráfico en el departamento de Canindeyú, una de las zonas más sensibles del país.

A pesar de las informaciones que fueron entregadas al Representante del Ministerio Público, no podemos dejar de mencionar la poca predisposición de los Agentes Fiscales en llevar adelante las investigaciones.

Ante toda denuncia que esta Comisión realizaba, los mismos requerían una denuncia concreta, dejando en manos de ésta Comisión Parlamentaria la labor que Constitucionalmente la tiene el Ministerio Publico, que es la de investigar y perseguir los hechos punibles.
4.4. DIRIGENCIA POLÍTICA PARTIDARIA
A lo largo de los meses, la CBI ha mantenido conversaciones con los principales actores políticos –Diputados, Gobernador e Intendentes- de la región para conocer sus posiciones respecto al narcotráfico, el crimen organizado y la realidad social de ese importante sector del país. Lamentablemente, se hizo evidente que ninguna de las autoridades que comparecieron ante la Comisión estaba dispuesta a colaborar, no sólo en el esclarecimiento del doble homicidio y mucho menos entregar información concreta acerca de la realidad departamental en el tráfico de drogas hacia el Brasil y otros países del Cono Sur. Tampoco aportaron datos concretos acerca de las plantaciones de mariguana en sus respectivos distritos, diciendo desconocer esa realidad abrumadora y negando incluso saber las características físicas de la planta. Las autoridades no han demostrados una verdadera predisposición y voluntad de enfrentar el flagelo del narcotráfico. Se escudan en las autoridades nacionales y dicen que son éstas las encargadas de combatir el narcotráfico.
4.5. RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Representantes de ésta Comisión han mantenido conversaciones con el Embajador del Brasil. En más de una ocasión la Presidencia se ha entrevistado con representantes del vecino país. Las autoridades diplomáticas brasileñas han manifestado voluntad en cooperar con la labor de la CBI teniendo en cuenta el principio de reciprocidad que debe reinar entre Estados en la lucha contra el crimen organizado.

  1. Recomendaciones de la Comisión Bicameral de Investigación para el fortalecimiento de las Instituciones
                Esta Comisión Bicameral de Investigación, ha considerado pertinente, sobre la base del diagnóstico y las constataciones realizadas, plantear una serie de recomendaciones para diversos ámbitos del Poder Ejecutivo y otros poderes, como también para las organizaciones políticas partidarias. No ha sido, pese a nuestro esfuerzos, todo lo abarcante y exhaustivo que quisiéramos que fuese, más se realizan acotaciones iniciales que pueden marcar el inicio de un giro importante en orden a alejarnos de la figura de un “Estado fallido”.
5.1. EJECUTIVO
5.1.1. MINISTERIO DEL INTERIOR, POLICIA NACIONAL
               
  1. Diagnóstico

La corrupción contamina a las fuerzas de la Policial Nacional en todos los escalones del mando, éste mal se focaliza en las Categorías de Sub Oficiales.
 Se han hecho tímidos intentos por rectificar este mal, con medidas de carácter inmediatistas que generalmente termina en un traslado del personal involucrado, con castigos a efectivos de menor rango y no pocas veces con encubrimiento de los superiores o inacción de la justicia policial.
Los sistemas de controles internos que deben velar sobre la probidad de la Institución Policial no funcionan o son débiles. El manejo de los recursos humanos, por tanto, se vuelve anárquico, casi caótico.
Las decisiones que toman la cúpula y los principales mandos colaboran a acentuar el creciente deterioro en la moral de los uniformados y la pérdida progresiva de la ya escasa confianza en la Policía de la Ciudadanía.
Paralelamente a su crecimiento en tecnología y medios materiales, está experimentando una notable degradación moral, profesional y perdida de su mística.
En Canindeyú, ocurre un fenómeno, que atenta contra la cadena de mando y la disciplina, el soporte fundamental que la Policía necesita conforme su organización jerárquica, dentro de un régimen de obediencia y no deliberancia, en que un pequeño manoseo, aun cuando tenga el silencio como respuesta, tiene un poderoso efecto negativo hacia su interior.
El fenómeno es que algunos Sub Oficiales, de quienes se presumen están protegidos por Políticos de la zona, son intocables. Ellos toman decisiones sin consultar a sus superiores, realizan actividades ilegales, rinden cuenta de sus actos a sus padrinos y se eternizan en una sola comisaria, sub comisaria o área específica.
El crimen organizado, en el Norte y Noreste del país, se infiltro en gran porcentaje en los cuadro de la Policía Nacional, sin olvidar que sus ramificaciones llegan también a otras regiones.
Ejemplos son; El extraño procedimiento realizado 10 de enero de 2015 por antinarcóticos de la Policía, en donde se incautó 252 kilos de cocaína y el posterior robo, dos días después, de la misma comisaría de Pedro Juan Caballero, de la droga incautada, en un episodio que involucró a policías, y que motivó la destitución de todos los involucrados en la escala de mandos de dicha jefatura.
El mapa de la coima de los cuadros Policiales en Canindeyú es otra muestra de la corrupción imperante.
A éstos se suma; la muerte del suboficial 1º de la Policía Nacional; Andrés Osvaldo Fernández, acaecido el viernes 1 de mayo de 2015, de tarde, en el estado de San Paulo, Brasil, en una persecución que se inició cuando el uniformado compatriota y dos acompañantes atropellaron una barrera de la Policía Federal con un vehículo en el que transportaban 666 kilos de marihuana.
Existen presunciones de la existencia de varios “transportadores” de narcóticos perteneciente a los cuadros de la Policía Nacional, algunos debidamente identificados, en el Departamento de Canindeyú.
En particular, nos centramos en recomendaciones para la Policía Nacional, que son las siguientes:
– Elaboración e implementación del “Plan de Carrera”. Si la tuviere, rediseñarlo conforme las circunstancias e implementarlo en el corto plazo
– Consolidar el sistema de selección para la incorporación del Personal Policial, con el objetivo de lograr Recursos Humanos más idóneos, preparados para luchar contra la corrupción e influencias exógenas.
– Mayor control sobre Policías fuera del servicio normal (comisionados, con permiso, de vacaciones, enfermos, misión de estudios, etc.)
– Racionalizar y redistribuir los recursos humanos.
– Destinar la mayor parte del personal uniformado a funciones operativas.
–  Capacitar al personal civil para encargarse de los trabajos administrativos.
– Verificar la cantidad del personal asignado a Instituciones públicas, si realmente es necesaria la misma y corroborar las tareas específicas que realizan.
– Insistir en los cursos de actualización y/o perfeccionamiento de todo el personal policial, con el objetivo de mejorar las competencias en el talento humano que afirmen la seguridad ciudadana y garanticen la sostenibilidad de los esfuerzos y las operaciones policiales.
– Poner énfasis en la educación de valores.
– Para ascender a cada grado, realizar un examen de suficiencia intelectual, física, test psicológico y un curso de actualización previos.
– Castigo a quienes infringen las normas, cualquiera sea su jerarquía.
– Desarrollar estímulos, mediante citaciones, creación de un programa para el personal que demuestre ética, valores y cumplimiento de la doctrina institucional.
– Fortalecer la Cadena de mando. Que el Personal Oficial sea realmente el que maneja las Comisarias y/o Subcomisarias.
– Fortalecer en todos los aspectos a la Policía Anti narcótica.
– Utilizar la política de traslado vigente en la Institución y, si no la tiene, confeccionarla o, en su defecto, actualizar la existente
– Incrementar la protección al personal y su familia.

– Mayor protagonismo de Asuntos Internos de la Policía Nacional, utilizando polígrafos para aplicarlos en investigaciones de Asuntos Internos.

– Crear mecanismos para detectar el enriquecimiento ilícito y la falsa información.
– Desarrollar un sistema de registro y control de bienes mediante el desarrollo y aplicación de un sistema informático.
– El documento actualizado de bienes y prontuario deberá presentarse antes de cada ascenso. Mejorar las infraestructura edilicias de las dependencias policiales, conforme un programa de prioridades.
5.1.1.1. Justicia Policial:
– Fallos prescindentes de la presión de la Cúpula Policial u otros factores exógenos
– Selección del personal idóneo para ocupar los cargos en esa dependencia
– Aplicar un sistema coherente de apreciación del rendimiento individual y colectivo del personal policial, así como un programa de evaluación de las estrategias operativas, con fines de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de los delitos en el ámbito nacional y la corrupción interna.
5.1.2. SENAD
En cuanto a la SENAD, se vuelve imperioso asegurar la transparencia y la integridad de los funcionarios de la SENAD. Además, se realizan las siguientes propuestas:
– Establecer mecanismos de selección rigurosos para escoger a los nuevos que ingresan a sus filas, poniendo énfasis en la calidad de su formación y en su integridad personal.
– Debería presentar sus denuncias ante el Ministerio Publico y no ante el Congreso, pues es la Institución encargada de luchar contra el flagelo de la drogas.
– Incorporar con las normas vigentes un componente de programas de actividades alternativas para los Ciudadanos que Cultivan Marihuana.
– Utilizar Personal de las fuerzas Públicas para entrenar a sus agentes.
– Los programas con asesores, especialistas deben ser claros y no ofrecer dudas.
– Debe centrar su enfoque en atrapar a los financistas de las producciones agrícolas ilegales.

5.1.4. DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
En cuanto a la línea de recomendaciones que se pueden realizar desde esta CBI, corresponde modificar el decreto 662/2013 en los siguientes puntos:
– Que el liderazgo de la UIC sea ejercido por la Dirección Nacional de Aduanas.
– Aclarar el articulo No 10º con relación a; “recibir, directamente o través de organismos del Estado, fondos de otras, privadas y de la sociedad civil, sean éstas nacionales o internacionales”.
– Dentro del contexto de la seguridad del lago Itaipú; la Superintendencia de Seguridad Empresarial de la Itaipú Binacional, debe liderar a todos los organismos relacionados de una u otra forma con la Seguridad de la represa, edificios, embalse, lago, refugios, espacio aéreo, para lograr una sincronización, coordinación de la seguridad integral de toda el área de interés e influencia de la represa. Igualmente es necesaria la renovación de los convenios con la FFAA.
– Dotar de más medios al Detave.
– Luchar contra el contrabando de importación y exportación
5.1.3. FUERZAS ARMADAS
             Las realidades que nos presenta el escenario Nacional en la actualidad nos hace percibir que las amenazas no tradicionales, especialmente en las fronteras; están haciendo estragos en nuestra sociedad y que, para hacerlos frente, se requiere de decisiones que permitan reconocerlas y combatirlas, a fin de evitar que escale y nos lleve al borde de un Estado fallido, mediante medidas preventivas y eventualmente represivas. Asimismo, el Estado paraguayo no puede darse el lujo de soslayar a una de sus instituciones de seguridad en el combate a estas amenazas no tradicionales a su Seguridad.
Por estas y otras consideraciones, planteamos un proyecto de Ley (VER ANEXO…), de manera a generar acciones más específicas a las Fuerzas Armadas de la Nación, en las regiones fronterizas en el Combate a las “Amenazas no tradicionales para la seguridad de un Estado” o “Nuevas amenazas” con operaciones encuadradas dentro de lo que se denomina; “Tareas de no guerra”, también conocida como “Tareas no convencionales”.
De esta forma, las Fuerzas Armadas cooperara con más pujanza con el Estado en la prosecución de su fin último; el bien común de los ciudadanos, que abarca la seguridad integral y el bienestar general.




5.2. CONGRESO NACIONAL
Esta Comisión parlamentaria de carácter transitorio percibió claramente, desde su actuar, la gravedad del flagelo. No solamente se ha inficionado en el ámbito político sino también en otros estamentos que hacen al ámbito privado. A pesar de ello, el estado paraguayo desde sus distintos órganos de control y de lucha contra este flagelo, no ha podido tan siquiera disminuir la presencia del crimen organizado en el orden que estamos analizando.
Consecuente con lo señalado más arriba, los Miembros de esta Comisión se permiten sugerir a ambas Cámaras, la creación de una Comisión Bicameral Permanente contra el crimen organizado, el narcotráfico y su relación con la infiltración en el ámbito político y de las instituciones del Estado”.
Entiéndase pues que, el Instituto Legislativo propuesto para su creación, es a los efectos de coadyuvar con los organismos estatales especializados y que actualmente se hallan rebasados ante el accionar del crimen organizado. La Ley 137/93 “Que reglamenta el Art.195 de la Constitución Nacional, que instituye las Comisiones Conjuntas de Investigación” el Art2° habilita la creación de Comisiones conjuntas de Investigación de carácter permanente. Por consiguiente, nada osta a que ambas cámaras resuelvan el funcionamiento de una Comisión Bicameral con el alcance de ser permanente
De crearse la CBI Permanente, a la misma deberá proveerse de los recursos necesarios para desarrollar sus labores.
En este sentido, dejamos expresa constancia de que esta Comisión Investigadora recibió un limitado aporte financiero de la Cámara de Senadores mientras que la de Diputados se mostró reacia a desembolsar los recursos que habían sido prometidos, pretendiendo justificar dicha actitud aludiendo a no hallarse previsto en el Presupuesto.
5.3. Ministerio Público.
                5.3.1. Antecedentes en relación al Gobernador Alfonso Noria Duarte a ser remitidos al Ministerio Público.
Como un aporte de esta CBI y los posibles hilos de conexión con eventuales casos de corrupción administrativa con un esquema mayor, en el que pudiera estar involucrado el elemento de la mafia del narcotráfico, hemos realizado un trabajo en relación al caso del gobernador de Canindeyú, ALFONSO NORIA DUARTE.
En tal sentido, resulta cuando menos sospechoso en lo que hace a los bienes que posee y/o se le atribuyen a esta autoridad departamental, así como su constante participación en eventos hípicos en que las sumas apostadas son de tal magnitud que se encuentran total y absolutamente fuera de las posibilidades económicas de una autoridad electa, que hasta hace pocos años era tan solo un modesto profesor de Educación Física.
Según reconociera el propio Gobernador Noria Duarte al declarar ante esta CBI el día 9 de marzo pasado, “…tengo 15 caballos, pero yo no juego más de diez, quince millones de guaraníes cada dos o tres meses” (sic), lo que se contradice con su participación constatada en diferentes carreras de caballo tanto en Canindeyú como en otros Departamentos de la República, donde las apuestas por carrera nunca son menores a 300 millones de guaraníes y a veces superan ampliamente esa cifra, por lo que es fácil colegir que el Gobernador Noria Duarte o bien olvidó las cifras reales que apuesta o simplemente no consideró necesario entregar dicha información a la CBI.
Además –cabe preguntarse-, ¿quién reconoce poseer 15 caballos de carrera y los hace correr “cada dos o tres meses” sabiendo que, actuando así, le sería imposible recuperar la inversión hecha para adquirirlos y los ingentes gastos de mantenimiento de los mismos debido a las limitaciones físicas y la vida útil de esos animales?
Por otra parte, es de dominio público, especialmente en su Departamento, que el Gobernador Noria Duarte tuvo un espectacular ascenso financiero a partir de su elección como intendente del Distrito de Curuguaty, lo que le ha permitido –pero no explica cómo lo hizo- construir en la misma ciudad una mansión que especialistas del área inmobiliaria han tasado, a la baja, en US$3,000,000.00 (Tres millones de dólares americanos), la que habita pero que se encontraría registrada a nombre de su madre.
También el político ha adquirido una estancia de 20 mil hectáreas en el Chaco paraguayo, inscrita a nombre de LIGIA NORIA DUARTE, portadora de la Cédula de Identidad N° 1.864.280, sin profesión u oficio conocido para la CBI, hermana del Gobernador; ser propietario –según reconoció en su declaración ante la CBI- de 18 mil hectáreas en la zona de Curuguaty en las que mantiene un plantel de 7 a 9 mil cabezas de ganado vacuno; poseer un Depósito de Materiales de Construcción y una empresa, cuyo nombre es 8 de Diciembre, constructora de obras y empedrados en las que figura como propietario NUMILDO MÉNDEZ, portador de la Cédula de Identidad N° 1.749.280, quien también aparece como propietario de maquinarias y camiones de gran porte, que son habitualmente utilizados en obras emprendidas por el gobierno departamental.
En relación a las adjudicaciones realizadas por la Gobernación, casualmente, siempre son ganadas por la empresa a nombre de Méndez, quien recibe las órdenes de trabajo firmadas por VIRGINIA NORIA DUARTE, portadora de la Cédula de Identidad N° 2.438.702, Administradora de la gobernación departamental y también hermana del gobernador.
Asimismo, para la adquisición de materiales de construcción de las obras contratadas por la gobernación, la compra de animales y para realizar depósitos bancarios se utilizan los servicios de GUSTAVO NORIA MARTÍNEZ, portador de la Cédula de Identidad N° 1,414,452, casualmente también unido por relación de parentesco al Gobernador.
Además, para el cobro de cheques oficiales emitidos por la gobernación, se designó a CARLOS AUGUSTO COLMÁN ORTELLADO, portador de la Cédula de Identidad N° 3. 868.600 y a ALEXIS MANUEL NORIA GONZÁLEZ, portador de la Cédula de Identidad N° 2.355.078, también primo del Gobernador, todo lo cual deja de manifiesto el marcado nepotismo existente en el Gobierno Departamental, lo que también vulneraría lo dispuesto por nuestra legislación vigente.
Por último, CLAUDIO RAFAEL ACOSTA LÓPEZ, portador de la Cédula de Identidad N° 4.163.314, también aparece, desde el año 2006, como propietario de una importadora de automóviles comprados en Chile para su venta en la zona de Curuguaty, empresa que también es considerada parte del patrimonio oculto del Gobernador NORIA DUARTE, quien siempre tiene la última palabra en el otorgamiento de financiación a quienes adquieren automóviles a crédito en dicha casa comercial.
Al examinar los actos de gobierno de ALFONSO NORIA DUARTE, es posible inferir y afirmar que, durante su gestión, se ha contratado la realización de un elevado número de lo que podíamos llamar “Obras Fantasmas”; esto es, adjudicar supuestas obras a ser realizadas por la empresa constructora antes mencionada -8 de Diciembre- y otras de oscuro origen y manejo.
Las situaciones precedentes habían llamado la atención de algunos integrantes de la Junta Departamental de Canindeyú, entre ellos el Concejal CLETO MARCELINO JIMÉNEZ. Este, en la sesión ordinaria de dicho estamento del Gobierno Departamental del día 13 de marzo de 2015, denunció tener “algunas dudas con relación a un llamado (de contratación, no licitación)
de una obra de empedrado que se hizo en la calle Juan E. O’Leary por un monto de Gs. 1.240.260.000 (Guaraníes Un Mil Doscientos Cuarenta Millones Doscientos Sesenta Mil) en donde figura que fueron hechas nueve (9) cuadras de empedrado por la empresa 8 de Diciembre, en donde estarían figurando dos construcciones en una misma calle.
También en la calle Ytandey figura de nuevo una obra construida por la empresa 8 de Diciembre, por valor de Gs. 632.826.250 (Guaraníes Seiscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Veintiséis mil Doscientos Cincuenta) y en la misma calle otra obra de relleno y compactación construido por la Empresa “La Fortaleza” por Gs. 665.420.000 (Guaraníes Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veinte Mil), Código 247897 y, en el mismo lugar, la construcción de un alcantarillado por Gs. 355.200.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Mil)…”
A los cuestionamientos hechos por el concejal antes mencionado, quien abunda en más detalles que constan en el Acta Oficial de esa sesión, siguen otros de tenor similar y fueron apoyados por el también Integrante de la Junta Departamental de Canindeyú CÉSAR ARIAS, lo que agrava la situación descrita, según consta en el acta respectiva. Esto no hace más que confirmar que el Gobernador del departamento de Canindeyú, ALFONSO NORIA DUARTE ha montado un eficiente equipo de testaferros compuesto por familiares y amigos (o simples empleados a sueldo) que prestan sus nombres para que él pueda auto adjudicarse siempre las licitaciones de obras públicas y el manejo de propiedades cuyas adquisiciones son por demás sospechosas por estar fuera del alcance de los medios financieros y económicos que siempre se le conocieron hasta iniciarse en la vida política del Departamento.
La conclusión lógica y posible a la que se puede llegar, atendiendo los antecedentes, es que: El Gobernador ALFONSO NORIA DUARTE, con apoyo de otros actores políticos de Canindeyú, montó una ASOCIACIÓN CRIMINAL, que llevó finalmente a un esquema de enriquecimiento ilícito que le permite llevar un estilo de vida en total desacuerdo con sus ingresos. Además, permite inferir que, cuanto menos, estaría causando un grave perjuicio al erario público departamental, con el consiguiente daño al bienestar a la población de Canindeyú.
A través del esquema explicado, se enriquecen ilícitamente tanto él como sus familiares más cercanos  y sus “asociados” comerciales, lo cual hace absolutamente necesario que los organismos jurisdiccionales correspondientes actúen con celeridad para llevar adelante la investigación solicitada.

5.4. PARTIDOS POLÍTICOS Y JUSTICIA ELECTORAL
Solicitar a los partidos Políticos y el Tribunal Electoral que promuevan la: “Filtración de Candidatos a ocupar cargos electorales” no pasaría de ser una mera expresión de deseos si no se logra una modificación de la Constitución de la República.  Es así que ésta habilita a ocupar cargos electivos sin más requisitos que ser paraguayos, contar con la edad requerida y no pesar sobre el candidato condena de orden penal firme y ejecutoriada. Así pues, para generar un dispositivo legal para el fin requerido, necesariamente deberá modificarse la Carta Magna.
Epílogo
En todo proceso de investigación, para arribar a la verdad se recurre a múltiples elementos de acuerdo al objeto investigado. Así, ésta Comisión Bicameral de Investigación (CBI.) en su actuar recurrió a las informaciones brindadas por los medios de comunicación, a los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, a los informes de las autoridades de la SENAD y del Ministerio del Interior, a las numerosas entrevistas con las autoridades del Departamento de Canindeyú, a la paciente labor de colaboradores de la Comisión, y otras.  Este cúmulo de informaciones parciales obtenidas no fue suficiente.  Sin embargo, se logró instalar en la conciencia colectiva de que el flagelo del narcotráfico ha inficionado los centros de poder del Estado, que sus agentes ya no se encuentran en el anonimato, tienen rostros humanos y no son todopoderosos como pretenden demostrarlo.  Entonces, existe una aproximación a la verdad, la que se cristalizará cuando, como consecuencia de la culminación de la investigación, un Juez dicte sentencia condenatoria.
                 “La verdad no puede medirse: Los parámetros, las pruebas, los resultados de investigaciones no dicen nunca la verdad pero se acercan a ella, circunscriben su campo. Lo que quizá somos capaces de valorar es la posibilidad de articular la verdad, sus espacios, sus perímetros, las condiciones en que se origina.  Comprender el espacio que se da a la investigación, a la reflexión, al itinerario para alcanzar una verdad, argumentarla, hallar el modo de decirla.  Y sobre todo hallar los instrumentos para enfocarla, hallar el punto de vista que no haga simple lo que es complejo, pero lo haga visible y legible.  Porque la verdad, cualquier verdad, ante todo hay que leerla.  ¿Cuánto espacio tiene hoy la verdad, el relato de la verdad?  Las verdades más evidentes, las más ocultas, ¿consiguen ser reveladas?…”(Roberto Saviano, “La belleza y el infierno”, Año 2.010 – Impreso en Liberdúplex, S.L.U. – Barcelona).
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.-

Sen. Miguel Ángel López Perito
Presidente


Sen. Arnoldo Wiens                                                                     Sen. Luis Alberto Wagner
Miembro                                                                                                          Relator



    Dip. Tomas Rivas                                                                       Dip. Pablino Rodríguez
Miembro                                                                                           Miembro

Dip. Olimpio Rojas
Vice Presidente






PROYECTO DE LEY
QUE CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD FRONTERIZA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de ilícitos, a través de su variada actividad ha detectado la difícil situación de la Realidad Nacional, en esta coyuntura histórica que atraviesa el Paraguay, en especial el acuciante escenario en las zonas de fronteras, donde el crimen transnacional organizado maneja a su antojo un esquema para actividades ilegales de todo tipo.

Las actividades del crimen transnacional organizado se encuadran dentro de lo que se denomina; “Amenazas no tradicionales para la seguridad Integral de un Estado” o “Nuevas amenazas”.

A partir del contexto surgido del 11 de septiembre de 2001, inevitablemente quedó planteada la necesidad de redefinir ciertos conceptos de seguridad, para hacerlos funcionales de cara a la nueva realidad.

La nueva realidad mundial, signada por el incremento de actores no estatales y la proliferación de las llamadas “nuevas amenazas”, es una de ellas.

Es en este tenor que fue analizada, por un lado, la negativa incidencia de las amenazas no tradicionales sobre la seguridad del Paraguay y por otro, la necesidad de adecuación de las Instituciones de Seguridad  vigentes para hacerlas frente.
Tradicionalmente la amenaza, es establecida como el “Conjunto de capacidades, intenciones, acciones actuales o potenciales que buscan impedir o interferir el logro exitoso de los objetivos de un Estado Nación, grupo de Estados o el hemisferio en su conjunto”.
Así, las realidades que nos presenta el escenario Nacional en la actualidad nos hace percibir que las amenazas no tradicionales, especialmente en las fronteras; están haciendo estragos en nuestra sociedad y que, para hacerlos frente, se requiere de decisiones que permitan reconocerlas y combatirlas, a fin de evitar que escale y nos lleve al borde de un Estado fallido, mediante medidas preventivas y eventualmente represivas. Asimismo, el Estado paraguayo no puede darse el lujo de soslayar a una de sus instituciones de seguridad en el combate a estas amenazas no tradicionales a su Seguridad.
Paulatinamente, los involucrados en el crimen transnacional organizado se están convirtiendo en una “Presión Dominante” con capacidad de enfrentar el poder y amenazar los objetivos permanentes de la Nación Paraguaya, así como sus intereses vitales y permanentes. Poniendo en riesgo la seguridad, los valores de la democracia y sus instituciones.
Considerando estos planteamientos, en mi carácter de Presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, presentamos este proyecto, de manera a generar acciones más específicas a las Fuerzas Armadas de la Nación, en las regiones fronterizas en el Combate a las “Amenazas no tradicionales para la seguridad de un Estado” o “Nuevas amenazas” con operaciones encuadradas dentro de lo que se denomina; “Tareas de no guerra”, también conocida como “Tareas no convencionales”.
De esta forma, las Fuerzas Armadas cooperara con más pujanza con el Estado en la prosecución de su fin último; el bien común de los ciudadanos, que abarca la seguridad integral y el bienestar general.
Por estos motivos, solicito al señor presidente y a los colegas el apoyo y el trámite efectivo a fin de que dicho emprendimiento sea ejecutado lo antes posible.



PROYECTO DE LEY Nº……

QUE CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD FRONTERIZA

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Se establece un Sistema de Seguridad Fronteriza, para la prevención, control, fiscalización y represión de los delitos enmarcados dentro de las amenazas no tradicionales a la Defensa Nacional.

Artículo 2º.- Las actividades inherentes al Sistema de Seguridad Fronteriza se ejecutaran en una franja de 50 Kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del Territorio nacional. En las Fronteras donde se materializan los límites por ríos se aplicara la ley de prefectura.

Artículo 3º.- Las Fuerzas Armadas de la Nación formara parte activa del Sistema de Seguridad Fronteriza, ejecutando misiones y tareas concretas, por si sola o en forma conjunta con otras Instituciones.

Artículo 4º.- El Ministerio de Defensa Nacional, a través de su órganos pertinentes, elaborara políticas, procedimientos, acciones y adecuara su infraestructura, organización, logística, entrenamiento y recursos humanos, para enfrentar cualquier tipo de amenaza no tradicional en la franja de seguridad fronteriza y que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República, o el ordenamiento constitucional democrático vigente.

Artículo 5º.- El Ministerio de Defensa presentara las necesidades presupuestarias para el cumplimiento de la presente ley  al Honorable…………en un plazo no menor a…………

Artículo 6º.- De forma



NOTAS REMITIDAS POR LA CBI

  1. Nota de fecha 03 de diciembre de 2014, remitida al Ministro del Interior, Abog. Francisco de Vargas, a fin de solicitar remita a esta Comisión Parlamentaria, los siguientes:
a) Copia de la denuncia presentada por pobladores del distrito de Ypejhú.
b) Listado de agentes policiales sumariados, como consecuencia de investigación en el caso Pablo Medina.

  1. Nota N° 10/14 de fecha 11 de diciembre de 2014, remitida al Ministro del Interior, Abog. Francisco de Vargas, a fin de solicitar informe sobre los siguientes:
a) Nómina de Oficiales y Sub oficiales de policía en servicio en el Departamento de Canindeyú al momento del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada.
b) Informe sobre el lugar o localidad que prestaban sus servicios, y desde que fecha.
c) Remisión de la nómina de autoridades civiles (políticos) o militares que han solicitado o recomendado la asignación de personal policial incluidos en el punto a).
d) Traslados realizados dentro o fuera del departamento de Canindeyú como consecuencia del asesinato de Pablo Medina y su asistente Antonia Almada.
e) Reiteración de un Pedido de Informe solicitado en fecha 3 de diciembre de 2014, con Nro. de Entrada N° 3537/14
  1. Nota de fecha 11 de diciembre de 2014, remitida al Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas, Abog. Luis Alberto Rojas, solicitando informe pormenorizado sobre los operativos realizados en el departamento de Canindeyú, a partir del mes de octubre del cte. año.
  1. Nota N° 15/14 de fecha 15 de diciembre de 2014, remitida al Director de Institutos Penales Abog. Artemio Vera, solicitando informe sobre los siguientes:

1.-Nómina de reclusos ubicados en las celdas Vip.

2.-Nómina de reclusos procesados por narcotráfico y que se encuentran en las celdas vip.

3.-Nómina de personas que visitaron a los siguientes internos:
  1. a) Carlos Rubén Sánchez, alias Chícharo, durante su estadía.
  2. b) Jarvis Chimenes Pavao.
  3. c) Tranquilino Giménez
  4. d) Tomas Rojas.
  5. e) Julián Servían.
El pedido de informe, deberá contener nombre, apellido, número de cédula de identidad, días y horas de visitas a los mismos.

  1. Nota N° 16/14 de fecha 15 de diciembre de 2014, remitida al Director del Diario ABC Color. Don Aldo Zucolillo, en relación a la publicación realizada en el mencionado diario, en fecha 15 de diciembre del año 2.014, Titulado: “El caso, Pablo parado en el Congreso”.

  1. Nota N° 22/14 de fecha 20 de diciembre de 2014, remitida al Director General del Servicio Nacional de Salud Ambiental (SENASA), Ing. Celso Ayala Martínez, solicitando informe detallado del presupuesto que fuera ejecutado para la construcción de una instalación de red y provisión de tanque de agua en la localidad de Las Mercedes Britez Cué, del distrito de Corpus Cristi, del Departamento de Canindeyú y que es administrada por la Junta de Saneamiento de dicha localidad. Igualmente, se solicitó el acompañamiento de toda documentación respaldatoria que hacen a dicho emprendimiento.

NOTAS RECEPCIONADAS POR LA CBI

  1. Nota MI/DGG N° 734 de fecha 17 de diciembre de 2014, remitida por el Ministro del Interior Francisco de Vargas, en contestación a las Notas de fecha 3 de diciembre de 2014 y N° 10 del 11 de diciembre de 2014, con excepción de los incisos C y E, del correspondiente pedido de informe de la Comisión Bicameral de Investigación.

  1. Nota N° 2215/14 de fecha 19 de diciembre de 2014, en la cual el Director General de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, Abog. Artemio Vera Baéz, remite contestación al Pedido de Informe solicitado por Nota N° 15/14 de fecha 15 de diciembre de 2014. Al efecto, remite la Nota N° 1116 de fecha 17 de diciembre de 2014, de la Penitenciaria Nacional en la cual el Director del citado Establecimiento Penitenciario, da cumplimiento a lo requerido en el documento de referencia.

  1. Nota N° S.E. N° 557/2014, de fecha 19 de diciembre de 2014, en la cual el Ag. Esp. Luis Alberto Rojas Ramírez, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), remite contestación a la Nota de fecha 11 de diciembre de 2014, respecto a los operativos realizados en el Departamento de Canindeyú, a partir del mes de octubre del año 2014.

  1. Nota N° S.E. N° 059/2015, de fecha 09 de febrero de 2015, en la cual el Ag. Esp. Luis Alberto Rojas Ramírez, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), remite copia autenticada del IV Programa de Cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (SENAD) y el Departamento de la Policía Federal del Brasil (DPF), suscrito en fecha 05 de febrero de 2015, en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.

  1. Nota N° S.E. N° 061/2015, de fecha 09 de febrero de 2015, en la cual el Ag. Esp. Luis Alberto Rojas Ramírez, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), remite informe sobre la realización del Operativo denominado “NUEVA ALIANZA I/2015”, en las fechas comprendidas del 09 hasta el 18 de febrero del corriente año, en el Departamento de Canindeyú, con el apoyo de la Policía Federal del Brasil.

VINCULACION DE POLITICOS

a.)          El fenómeno de protección o participación directa en el narcotráfico no es excluyente del Departamento de Canindeyú, sino que se extiende a casi todo el País.

b.)          En cuanto al involucramiento de Políticos/as, del departamento de Canindeyú;
  • No se tiene los elementos contundentes para iniciar una persecución penal, porque lastimosamente no basta saber quiénes son ni dónde están.
  • En todo el departamento es NORMAL las actividades del Crimen transnacional organizado que a todas luces NO PUEDE llevarse a cabo sin protección política.
  • Varias Autoridades distritales, en los últimos días han sido imputados por delitos asociados a tráficos de drogas.
  • No es excluyente de un solo signo político.
  • Este fenómeno tampoco es nuevo.
  • Incluso varios sicarios, como los hermanos Ramos, es vox populi que están protegidos ´por poderosos políticos del departamento.
  • La ostentación y el lujo en que viven algunos Políticos/as del Departamento abona la teoría de protección a delincuentes.
Algunas de las formas en que se manifiesta la narco política son presión a Autoridades del Ministerio Publico y Jueces.
  • Infiltración de personas leales en los estamentos del Estado.
  • Apadrinan a responsables de los controles aduaneros, puertos etc.
  • Digitan y apadrinan directamente al Personal de la Policía Nacional, a quienes mantienen en lugares y cargos claves
  • Involucramiento a través de terceros o directamente en los tráficos ilegales.
  • Presión a los medios de comunicación locales y a los corresponsales.
  • Nominación y financiamiento de Candidatos para cargos elegible de personas consideradas leales.
  • Utilización del miedo como arma de convicción. amedrentando con amenazas o con atentados, casi nunca investigados o en el mejor de los casos sin resolver.
c.)          El propio titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Luis Rojas, sostuvo que el narcotráfico en Paraguay, y en cualquier lugar, tiene a políticos protegiendo el negocio. Agregó demás que;
  • El narcotráfico utiliza como herramienta la compra de voluntades para proteger el negocio O sea, el narcotráfico acá y donde quiera que esté, va a proteger esa inversión, este negocio que es ganar plata y lo va a hacer de cualquier manera.
  • En cuanto a la lista que maneja la SENAD sobre políticos que estarían metidos en el narcotráfico, se limitó a señalar que “podría ser”, pero que no podía entrar en detalles. Indicó que la institución a su cargo investiga a todos los que cometen hecho punible tipificado en la ley de drogas.
  • Acerca de la vinculación del intendente de Ypehu, Waldir Acosta, en el cultivo de marihuana, refirió que se maneja esa información.
d.)          Los efectos de la protección política al narcotráfico y delitos conexos se siente efectivamente en el departamento de Canindeyu; pero debido a la inacción de las Instituciones en sus roles respectivos, los/as padrinos/as de la mafia siguen impunes, con mucho dinero y poder, causando terror en el común de los Ciudadanos y estragos en el sistema republicano atentando contra los valores de la democracia y la convivencia social, llevando al País al borde de un estado fallido.
e.)          Se han entregado a las Instituciones responsables de sendos documentos, en donde se presumen el involucramiento de numerosas Autoridades y/o familiares en variados ilícitos en el Departamento.


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Congreso de la Nación
Comisión Bicameral de Investigación
PROYECTO CONFORMACION
        COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE INVESTIGACION DE ILICITOS

  1. COMPONENTES

  1. MIEMBROS
  • 5 (Cinco) Senadores
  • 5 (Cinco) Diputados
  1. Funcionarios
  2. Asesores

  1. COMPETENCIA
Compete a la Comisión Bicameral Permanente de Investigación de Ilícitos: Entender en todas las cuestiones relativas a cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus miembros.

  1. REGLAMENTO INTERNO
Establecida la Comisión, sus miembros elegirán las autoridades, redactaran el reglamento interno y solicitara los medios necesarios para su funcionamiento.

  1. PRESUPUESTO
Ambas cámaras del congreso dispondrá en sus respectivos presupuestos, conforme las normas existentes, los medio necesarios para el funcionamiento eficaz de la Comisión Bicameral Permanente.

  1. NECESIDADES LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURA

  1. Oficina
  2. Mobiliarios
  3. Materiales Informáticos
  4. Vehículos
  5. Combustibles y Lubricantes
  6. Otras necesidades conforme los trabajos en desarrollo

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