Se admira la tenacidad y la pasión cívica de los manifestantes, que desafiaron al frío y al viento en la plaza, hasta altas horas de la noche, para expresar su indignación a la mayoría de los legisladores, quiens en una patética imagen gráfica, salieron huyendo en caravana de autos por una prematuramente inaugurada avenida costanera, convertida en repentina ruta de fuga. Esa imagen televisiva y fotográfica de lujosos autos de senadores perdiéndose en las sombras, perseguidos por los gritos y los puños en e aire de los ciudadanos, quedará grabada en la memoria colectiva como otro negro capítulo de la infamia.
Pero nada de eso justifica los lamentables desbordes violentos de un reducido grupo de manifestantes, que anoche atacaron a pedradas los locales de la ANR, el PLRA y el estudio jurídico del senador Tuma, causando serios daños materiales, destrozos y destrucción de propiedad. Que exista una violencia institucionalizada desde las cúpulas de poder no puede justificar formas de luchas violentas desde la desobediencia cívica, al menos en el actual contexto histórico. Lo que le da superioridad moral y política al reclamo de los indignados es justamente demostrar que somos diferentes a aquellos a quienes cuestionamos, y que por las vías de la movilización ciudadana activa, y del uso de legítimos derechos consagrados en la Constitución, podemos expresar colectivamente nuestra voz y nuestra acción, produciendo cambios sustanciales, como ocurrió con el rechazo a los 150 mil millones para los operadores políticos.
Por el contrario, episodios lamentables como los de anoche solo le propocionan argumentos a quienes insisten con el caricaturesco discurso de que los que se movilizan en las plazas son principalmente grupos de patoteros o extremistas, pra intentr deslegitimar los reclamos. O podría lograr un efecto más grave: que muchos ciudadanos autoconvocados justamente por el carácter amplio, pluralista y pacífico -aunque no pasivo- de estas movilizaciones, ya tengan temores de acudir a próximas convocatorias, asustados por los desbordes de violencia.
Los principales referentes de los 'after office revolucionarios' tienen el desafío de asumir más responsabilidades y de buscar formas de encauzar mejor la lucha cívica, y de plantear acciones para que estos desbordes no se repitan. Los que cometieron delitos de vandalismo o de daño a la propiedad, deben ser individualizados y deben responder por sus actos ante la Justicia. Pero nada de esto debe empañar la cuestión de fondo: la movilización de los indignados debe seguir expresándose de una manera legítima y activa, pacífica pero no pasiva, para seguir ayudando a transformar para bien la realidad política y social del Paraguay.
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