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viernes, 21 de julio de 2017

Crisis de Gobernabilidad



Por: Ernesto Samper Pizani

La región latinoamericana atraviesa por una profunda crisis política, resultado del agotamiento, en casi todos los países del sistema representativo conformado por partidos, congresos y ejecutivos presidencialistas y el surgimiento de poderes fácticos, agentes sociales y económicos que actúan políticamente sin asumir ninguna responsabilidad ni someterse a los controles propios de la institucionalidad democrática. Se trata de conglomerados económicos, grupos comunicacionales, jueces y fiscales convertidos en protagonistas mediáticos, organizaciones no gubernamentales internacionales, agencias calificadoras de riesgos-país y comunidades virtuales que, al asumir estos roles de representación colectiva, crean escenarios de inestabilidad.

La irrupción de tales poderes ha minado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, especialmente las políticas, como la institución presidencialista, cuyo deterioro analizamos en nuestra última entrada (Puede leer: Presidencialismo, parlamentarismo y crisis de gobernabilidad en América Latina). Como consecuencia de la invasión de estos poderes, la  política, entendida como tarea de representación de intereses colectivos, ya no la ejercen los políticos, sino periodistas, jueces, fiscales, voceros de organismos internacionales y comunidades en red que actúan como fantasmas digitales (Byung-Chul). Lo hacen, algunos sin saberlo, a nombre de un nuevo partido, el de la anti-política, la política sin políticos, como la cerveza sin alcohol o el café sin cafeína.  

Frente a la realidad avasallante de estos poderes fácticos insurgentes, los partidos latinoamericanos, en lugar de reinventarse, se refugiaron en sus viejos cascarones clientelistas creyendo con ello que garantizaban su supervivencia. Las posibilidades de reinvención del sistema representativo dependen de su capacidad para fraguar partidos y movimientos a manera de frutos, de alianzas progresistas con bases sociales, nuevos liderazgos y formas de democracia participativa. A través de ellas, deberá legitimarse el protagonismo de nuevos actores sociales para que las relaciones desiguales de poder, que actúan como verdaderos fascismos sociales, se transformen en relaciones de autoridad compartida (De Sousa Santos).

La nueva dinámica política señala un camino para abatir los poderes de hecho y recuperar la legitimidad perdida. Habrá de apoyarse en conceptos de inclusión novedosos como el buen vivir -Suma qamaña en aimara o Sumak kawsay en quechua-, y en el cambio de los viejos sistemas de representación política para acercarlos a un modelo de semi-parlamentarismo apoyados en una utilización más intensa de las redes sociales. 

Las redes

La preocupación por el impacto político de las redes es relativamente reciente. A semejanza de los años 60 y 70, cuando la aparición de movimientos reivindicativos de obreros, campesinos, estudiantes, grupos ambientalistas y protestas de género, provocó un movimiento sísmico político contra el capitalismo, hoy la aparición de las redes sociales causa un traumatismo similar en la narrativa política y el ejercicio de la política. Las redes han resultado muy positivas en la convocatoria de causas sociales y la construcción de nuevos criterios de relación con la ciudadanía y la acción política (De Sousa Santos) así como la lucha contra la inmoralidad, la concentración de la riqueza, la contaminación ambiental, la discriminación racial y sexual y el fortalecimiento de la solidaridad, la interculturalidad y la defensa del cambio climático. No obstante, también han demostrado un importante poder desestabilizador cuando se han utilizado, de manera negativa para conseguir propósitos partidistas a cualquier precio.

Este populismo, asociado en la actualidad con movimientos de derecha, comienza a amenazar los progresos en materia de derechos civiles, conseguidos durante los últimos cincuenta años como consecuencia de la contención del racismo, la homofobia y los dobles discursos sobre lo femenino (Ocampo).

Vivimos en un panóptico digital dependientes de unas redes que nos intercomunican en medio de una transparencia hiperrealista sin filtro alguno (Byung-Chul). En los términos del viejo profeta Marshall Mc Luhan, no hay medio ni mensaje, solo  una gran RED que sirve de escenario y transmisor al mismo tiempo de sucesos virtuales. A través de las redes se transmiten emociones, pasiones e informaciones, pero sobre todo, se arman escándalos. Así se movieron millones de jóvenes egipcios durante la Primavera Árabe cuando se concentraron en la Plaza Tahrir sin que los comandara un líder o siquiera un libreto: solo unas cuantas efectivas consignas de 140 caracteres. También, a través de ellas se movilizaron los sentimientos xenófobos ingleses que preconizaban el Brexit, lo que llevó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En Colombia, las mismas redes consiguieron convocar todo tipo de odios, para hundir el plebiscito por la paz sin que los colombianos, como lo probaban las encuestas en ese momento, estuvieran en contra de ella.
Como en el mito de la caverna de Platón, las ideas que transmiten las redes ya no representan las cosas como sombras suyas: se han convertido en las mismas, pero en una dimensión distinta, la de lo virtual.

Estos hechos virtuales se convierten en reales cuando los recogen los medios de comunicación, validándolos muchas veces sin aplicar los protocolos éticos sobre la verificación y cotejamiento de noticias y fuentes. Como poderes fácticos, los medios cumplen el papel político de dar el soplo de la verdad a  los hechos virtuales. Así nace la posverdad.

El término de “posverdad”, considerado por el Diccionario de Oxford como la palabra internacional del 2016, fue desarrollado por el filósofo Zygmund Bauman para explicar cómo el individuo de hoy, influido por los códigos informativos, los eslóganes engendrados en la publicidad y los trinos de Internet, ha reemplazado sus viejos esquemas de identidad, apoyados en valores, creencias y reflexiones, por una nueva cultura, la cultura flexible e insensible: la cultura de la posverdad (Ocampo Madrid).  En este nuevo mundo, la realidad falsa se convierte en verdad virtual, es la ilusión de la mentira convertida en verdad (Vargas Llosa).

La transparencia termina, como atributo de la información, transformada en la máscara tras la cual se oculta la posverdad. En aras de la bandera de la transparencia absoluta que enarbolan los poderes fácticos, se somete a los ciudadanos a la tiranía de la observación permanente, el escrutinio de cada uno por parte del otro y el acoso que rompe las barreras de la intimidad.


Las redes han invadido sin contemplaciones este primer círculo de la vida privada, en el cual el hombre reitera su identidad a través de la afirmación de su propia individualidad. Tal invasión puede ser  mucho más destructiva que el poder político porque vigila, mueve y controla a los hombres no desde afuera, en colectivo, sino desde adentro (Byung-Chul).  Sin la garantía de la intimidad, se ponen en peligro la honra, la discreción de la diplomacia, el valor estratégico de la reserva en lo que tiene que ver con las decisiones del Estado y hasta el disfrute de la apariencia. Es el mundo de la máscara y el secreto, según la idea de Nietzsche utilizada antes en liturgias, carnavales y representaciones de teatro.

En síntesis, la posverdad es una mentira o intento de verdad prefabricada, que alimenta las democracias de baja intensidad y que, sin un programa definido ni legitimidad que los distinga, está reemplazando las anacrónicas democracias representativas de América Latina. Al final, el paradigma de la transparencia absoluta en medio de la posverdad termina despolitizando la política.

El papel de los medios

La “cámara de eco” (Calvo) explica la manera como los votantes repiten los discursos políticos de las élites, pensando que multiplican así los suyos. Las redes crean un espacio virtual donde la información que recibimos se comporta como un eco de nuestros prejuicios y creencias sobre el mundo (Calvo). En la medida en que los medios amplían el ámbito de su interacción con la cámara de eco, contribuyen a que las verdades virtuales, se conviertan en noticias reales y entren a formar parte de la opinión pública.

Un caso reciente en Colombia tiene que ver con la noticia histórica de la dejación de armas de las FARC que contó con el monitoreo de una misión de las Naciones Unidas. El acto final ponía fin a un conflicto de medio siglo. Sin haber terminado la ceremonia formal, la oposición, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe, se apresuró a lanzar una dura campaña en sus redes para desconocer el hecho, cuestionar el número de armas entregadas y  poner en duda la buena fe de los firmantes de los Acuerdos de la Habana. A través de falsedades, rumores y noticias temerarias, transmitidas a través de sus medios masivos, necesitó pocas horas para confundir a la opinión pública sobre el importante valor de la entrega de armas, por parte de más de 7.000 guerrilleros, que llevan varias semanas concentrados para efectuar la ceremonia en veintisiete zonas veredales.

Los medios no deben confundir el poder movilizador de las redes con situaciones colectivas de identificación o apoyo político. En el reino del Twitter todos los días celebramos, insultamos y nos movilizamos para derrotar la irracionalidad, el cinismo y la falta de sentido de otra comunidad, por el simple hecho de que piensa distinto a nosotros (Calvo).

Nunca habíamos avanzado tanto, como hoy, en el conocimiento de nosotros mismos como sistema global, y tan poco en la conciliación de nuestras diferencias políticas y culturales. Es el triunfo apoteósico de la trivialización, de ver el mundo a través de la ventana estrecha de 140 caracteres, donde los vacíos de trascendencia son llenados por los cursos de superación personal, las religiones circenses o el escape facilista de las drogas (Vargas Llosa).  El insulto se convirtió así en el medio más eficaz del ignorante para igualarse intelectualmente al sabio (de Sousa Santos).

La  credibilidad de los medios como voceros del interés público ha sido cuestionada. Sin regresar a la época en que éstos eran voceros de intereses claramente partidistas, algunos de ellos invaden el terreno de lo político como voceros de intereses particulares, como sucedió en el derrocamiento de la Presidenta de Brasil, el triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia, o la victoria de Trump en los Estados Unidos. Algunos gobiernos han respondido a esta invasión tomando posiciones en medios públicos, privatizando los que ya existen o censurando la libre información.

El poder de los medios no se agota en la denuncia sino en su capacidad silenciosa de invisibilizar hechos y personajes. Si alguien no comparte un criterio, discrepa de los intereses que defiende algún grupo comunicacional o es considerado sospechoso, no se le ataca: se le desaparece.

El mito tiene una gran fuerza explicativa sobre la forma como la función representativa de la política ha sido desbordada por la sociedad de la información, construida gracias a medios y redes sociales. Las sombras de las cosas que perciben los cautivos no son realidades objetivas, como en Platón sino eslóganes, imágenes, trinos y titulares que simplifican la realidad reduciéndola a un caleidoscopio de alternativas efímeras. En ese anfiteatro virtual, los ciudadanos aparecen encadenados por ilusiones escénicas (Byung-Chul) que protagonizan actores políticos tradicionales o nuevos protagonistas a través de las redes y telarañas mediáticas.

La judicialización mediática

El vacío de representación política también ha sido ocupado por jueces y fiscales que, proyectados a través de los medios de comunicación que los ensalzan, han terminado por convertirse en  poderes que actúan como árbitros de  diferencias entre los actores políticos, mientras que estos han terminado por trasladar a los estrados judiciales las diferencias y debates que antes se planteaban y resolvían en los escenarios democráticos.

Esta circunstancia ha sido aprovechada por algunos medios de comunicación y no pocas redes sociales para tomar partido a favor o en contra de determinadas causas políticas judicializadas y orientar la tarea de investigadores y jueces mediante filtraciones de partes relevantes de los expedientes, interrogatorios de testigos falsos y proyectos de sentencias y decisiones judiciales que, publicadas, vulneran el derecho de defensa de los acusados y desorientan a la opinión pública. Una cosa es que los medios, en cumplimiento de su misión informativa, hagan un seguimiento riguroso de los procesos que involucran actores políticos, denuncien casos de corrupción y desviaciones de poder. Otra, muy distinta, es que algunos de ellos, como ha sucedido recientemente en muchos países, se conviertan, a través de los jueces y fiscales asignados a los casos, en partes interesadas en investigaciones y juicios y en instrumentos de intereses que los manipulan. 

Los jueces, actuando como poderes fácticos, han legitimado rupturas democráticas, como con el aval que dieron al proceso de destitución por el Congreso del Presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y en 2016 al de la Presidenta Dilma Russeff en Brasil. Estos son casos paradigmáticos de golpes de Estado no militares como resultado de alianzas perversas entre ramas parlamentarias y judiciales. Podría ser también el caso de la decisión, ampliamente publicitada y anticipada, del Juez Moro del Brasil de implicar judicialmente al expresidente Lula da Silva soslayando normas elementales del debido proceso.

Precisamente, la judicialización de la política ha afectado también el derecho universal de los ciudadanos al debido proceso, entendido como una garantía de la que goza un ciudadano para  ser juzgado y vencido en juicio a partir de una presunción de inocencia bajo la protección de la reserva del sumario, la posibilidad de controvertir  pruebas y la de hacer uso de distintas instancias de defensa. La vulneración de estos principios del proceso, sumada a la intervención abrupta de jueces fiscales, apoyados por  medios y redes, ha  recordado los procesos albaneses, cuando los acusados eran llevados a  los estadios para que la muchedumbre, “el pueblo soberano”, los condenara ante la mirada pasiva de  jueces y autoridades.

¿Quién repara el daño causado a la honra de las personas cuando, producida la sentencia ya ha sido investigado, juzgado y generalmente condenado en los medios y las redes? ¿Quién se enteró del fondo del proceso de destitución de la Presidenta Rousseff? ¿Quiénes conocieron los cargos imputados o supieron que los mismos –ordenar unos traslados presupuestales - no constituían razones criminales  por los que podía ser procesada? ¿Supo la opinión nacional e internacional que había un acuerdo, liderado por un personaje siniestro que hoy día está en la cárcel, para sacarla de la Presidencia y despejar el camino para la defensa de muchos parlamentarios acusados de cargos de corrupción que votaron para reemplazarla por alguien que hoy está en parecidas dificultades? El proceso adelantado contra Dilma Rousseff  emula en su importancia histórica al caso Dreyfus y es clara muestra del poder de la judicialización de la política. Su más lamentable resultado es que la única persona inocente en medio de la tormenta desatada, la Presidenta, debió abandonar el poder por exigencias parlamentarias avaladas por la justicia brasileña.

El papel de las organizaciones no gubernamentales y las agencias calificadoras de riesgo

En el mundo existen diez millones de organizaciones no gubernamentales. Se trata de agrupaciones de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que se organizan en el nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de interés público (Naciones Unidas). No están obligadas a rendir cuentas de su gestión internacional, con excepción de las que establecen los reglamentos para cumplir con sus donantes y benefactores y aquellas a las que las obligan las leyes de los países donde cumplen con su labor. Las ONG cubren un vasto campo de actividades donde sobresalen las que defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Lamentablemente, algunas de ellas, fuertes y poderosas, intervienen de forma abierta en los países donde se localizan. En lugares como Bangladesh, Camboya y Haití, su intromisión ha sido considerada caótica, costosa e inoportuna.  Como sentenció Evo Morales, “algunas de estas organizaciones solo nos usan a los pobres, a los indígenas y al medio ambiente para que  sus funcionarios vivan bien en medio de lujos”.

Durante mi gobierno, una ONG de un país europeo que defendía una etnia del Caribe conformada por unas pocas familias, apoyó de manera obstinada y eficaz la pretensión de estas últimas de recibir una exagerada suma de dinero que debía repartirse entre las familias indígenas, a cambio de permitir la construcción de un embalse. La obra debía regular el flujo de dos grandes ríos que, en tiempos de invierno, inundaban las tierras agrícolas y afectaban las posibilidades de supervivencia de más de 300.000 familias campesinas. La ONG paralizó durante más de cinco años el otorgamiento de préstamos de la Unión Europea para la terminación de la obra, hasta que, al final, se pagaron las ambiciosas pretensiones económicas de los nativos.  Esta historia, parecida a  la de otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos de claro corte intervencionista, empaña la tarea que de manera noble y abnegada cumplen otras organizaciones.

Un caso especial del efecto disruptivo que pueden producir  estos  agentes externos se comprueba viendo el papel de las  agencias internacionales calificadoras de riesgos de  empresas y países. Tres de ellas – Moody’s, Standard Poor y Fitcher Ratings - controlan el 95% del mercado de calificaciones de desempeño económico del mundo. Las tres tienen dudosas relaciones institucionales con poderosos actores financieros mundiales, como el caso de Moody’s uno de cuyos  propietarios, la sociedad Berkshire Hathaway, tiene como accionista a Bill Gates. En 2008, estas mismas agencias le otorgaron la calificación privilegiada de seguridad y solvencia a las hipotecas basura que vendía la compañía Enron pocos días antes de que quebrase. Semejante circunstancia llevó al Congreso de los Estados Unidos a señalar a las tres agencias como corresponsables de la crisis financiera entre 2007 y 2008. Alguno de sus directivos señaló en una audiencia pública, sin ningún rubor, que el propósito de su agencia no era la objetividad en sus estudios, sino la satisfacción de los clientes que los financiaba (CELAG). 

La democracia participativa: Una salida

Los primeros años del siglo XXI fueron muy importantes y positivos para América Latina. La región observó unos niveles aceptables de crecimiento económico, que pudo convertir en mayores logros en materia de inclusión social cuando ciento veinte millones de sus habitantes salieron de la condición de pobreza absoluta. Algunos  países institucionalizaron este esfuerzo de inclusión en sus constituciones, al introducir el concepto de estados plurinacionales. La crisis económica de 2014 puso en situación de riesgo los avances en materia social, y alteró la gobernabilidad democrática al deteriorar la legitimidad de los sistemas políticos de corte progresista.

El déficit de representación política se debe cubrir con nuevas formas de participación popular que contribuyan a reducir la exclusión social, que ha convertido la región en la parte del mundo con peores niveles en materia de distribución del ingreso. La superación de la desigualdad social y el tránsito a sistemas semiparlamentarios de gobierno (Samper Pizano) constituyen la estrategia básica para contrarrestar el avance de los poderes fácticos, y asegurar una mayor legitimidad social basada en la inclusión. En este modelo participativo los actores políticos, a través de partidos-movimientos que reflejen alianzas entre partidos y movimientos sociales,  deben empezar a actuar activamente en la representación efectiva de los intereses de la ciudadanía. Tal propósito inmediato debe anclarse en el respeto de raíces ancestrales como el culto a la tierra, la solidaridad colectiva, el buen vivir o el ejercicio autónomo de la soberanía.

La posibilidad, que hoy parece ser una condición divisiva en nuestras sociedades, de conseguir una convivencia simultánea entre el derecho a la igualdad social, y la diferencia cultural, cumplió un papel fundamental de control social en las comunidades indígenas que poblaban estas tierras antes de que llegara el poder avasallador del mestizaje. A estos fundamentos identitarios, como parte de un proyecto político regional, se suman otras figuras institucionales como la centralidad del Estado, la plurinacionalidad, la función social de la propiedad privada, el respeto de los derechos humanos, la paz, la soberanía, el  mercado como simple referente económico y la inclusión social como obligación del Estado y derecho de los ciudadanos. Los nuevos actores de esta forma de democracia participativa serían unos nuevos partidos convocados  en torno a  proyectos sociales incluyentes, democráticos y productivos. Solo a través de esta nueva configuración democrática será posible hacer el tránsito de la actual situación de democracias presidencialistas  de baja intensidad, sostenidas por  viejos partidos representativos dedicados a la defensa del status quo (de Sousa Santos) a democracias participativas de alta intensidad, semiparlamentarias, alimentadas por partidos que ofrezcan propuestas de inclusión social concretas sostenibles y legítimas.

Estos nuevos partidos deben convertirse en los partidos del hombre común de los que hablaba Gandhi.

Epílogo

El 63% del mundo está hoy gobernado por democracias  parlamentarias. Las democracias occidentales atraviesan por una situación de evidente descrédito por el impacto, no asimilado políticamente, de las recientes crisis económicas aumentadas por las redes con falsas noticias y escándalos. Los ciudadanos comienzan a desconfiar de la posibilidad de que a través de procesos democráticos, puedan tramitar sus aspiraciones de cambio y se sienten atraídos por salidas autoritarias.
La mala economía ha traído consigo la mala política.

La acción de unos poderes fácticos encarnados por actores sociales y económicos que actúan políticamente sin asumir responsabilidad alguna se convierte en amenaza real de ruptura democrática que  ha llevado la política al terreno del pragmatismo donde los conflictos  se agudizan y multiplican. La política se ha vuelto una bebida instantánea donde solo existe y solo vale lo que pasa. Este cuadro de crisis, particularmente grave en América Latina, únicamente podrá superarse con nuevas formas de democracia participativa con base en partidos-movimiento resultantes de alianzas de partidos renovados y movimientos sociales, que, a través de sistemas parlamentaristas de gobierno, aseguren mayor presencia del Estado legitimada por políticas sociales realmente incluyentes, productivas y sostenibles. Es el único camino que queda para derrotar los poderes fácticos que están erosionando seriamente la estabilidad, la paz y la democracia en América Latina, como en el pasado lo lograron las dictaduras militares. Solo que ahora lo hacen de forma más imperceptible.
                           
Referencias Bibliograficas

-AGENCIAS DESCALIFICADAS. Documento CELAG. 2015.
-ATRAPADOS EN LAS REDES. Revista Semana. Abril 2017.
-Byung-Chul, Han. LA SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA. Herder.2013.
-Byung-Chul, Han EN EL ENJAMBRE. Herder.2014
-Calvo, Ernesto. ANATOMIA POLITICA DEL TWITTER EN ARGENTINA. Capital Intelectual. 2015.
-De Sousa Santos, Boaventura. DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Siglo Veintiuno Editores. 2017
-Eco, Umberto. NUMERO CERO. Lumen. 2015
-Jaramillo Jassir, Mauricio  PODERES FACTICOS COMO LIMITACION A LA DEMOCRACIA EN LAS ENTRAÑAS DE UNA NUEVA AMENAZA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO. Unidad de Análisis Politico de UNASUR. 2015.
-Ocampo Madrid, Sergio. POSVERDAD: CUANDO DECIR HOLA SE VUELVE UNA CHARLA FRANCA. El Tiempo. Abril 2017.
-Samper Pizano, Ernesto PARLAMENTARISMO: UNA SALIDA A LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN AMERICA LATINA?.  Revista Escenarios. Foro de Biarritz. 2004.
-Vargas Llosa, Mario. LA CIVILIZACION DEL ESPECTACULO. Alfaguara. 2012.

-WHAT’S GONE WRONG WITH DEMOCRACY. The Economist. Marzo 2014.

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