Ricardo Steimberg aboga por la privatización de las empresas de servicios públicos. En los gobiernos de Derecha neo-liberal no se concibe un Estado empresarial que puede gerenciar y proveer servicios de calidad y competitividad a la población en general a bajo costo y sin los efectos de la especulación y el monopolio de las empresas privadas.
Lo malo no es que el Estado preste estos servicios, lo malo está en que sea un monopolio, dejando al consumidor esclavo de un solo proveedor de un servicio esencial.
Si el Estado es capaz de administrar y proveer esos servicios con calidad y bajo costo ¡Enhorabuena! Si alguna otra empresa, privada, de capital nacional o extranjero, opta por prestar ese mismo servicio a un precio más alto y con una calidad diferenciada; pues que sea el consumidor el que elija a cuál de los servicios contratar. Obviamente que, como en toda empresa, el éxito dependerá del servicio y las condiciones del mercado.
El modelo de administración que se ejerce en las empresas como Petropar o la cementera Vallemí, nunca puede funcionar, considerando que su “hoja de pagos” excede en miles de veces su capacidad de producción debido al mal uso del Departamento de Recursos Humanos. En el caso de Petropar, para el más pintado de los expertos economistas, resulta inexplicable que trabaje a pérdida cuando se dedica nada más que a la compra y venta de combustibles. Lo que le cuesta caro a Petropar no es el transporte de combustibles ni la suba del dólar, sino la conformación de un “consejo” que hasta ahora nadie sabe para qué sirve. Cada consejero tiene un salario exageradamente alto y sin ningún retorno para la empresa. Lo mismo le pasa a la Industria Nacional del Cemento, con la diferencia de que éste administra una empresa de extracción e industrialización de un recurso natural no renovable, lo que le pone en una situación de quiebra a un plazo indeterminado.
Yo sé muy bien que los EMPRESARIOS me van a crucificar por decir esto, pero a mí nadie me convence de que el ESTADO no puede proveer servicios compitiendo libremente con las empresas privadas. Los recursos adquiridos por cuenta de las prestaciones de estos servicios puede revertirse para invertir en la misma empresa y fortalecer otros servicios como la salud, la vivienda, la seguridad y la educación, así como asegurar una vida digna a quienes por un motivo u otro ya no puedan trabajar, así como para “subvencionar” servicios esenciales tales como agua, energía y vivienda
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