Recibido por: enrique-gal@hotmail.com
El nuevo intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocido como Partido Colorado, asumió el cargo el 20 de diciembre de 2010. Un día después presentó a su equipo de trabajo que lo acompañará en lo que dure su mandato.
Según el último censo del año 2002, la capital del Paraguay cuenta con 512.000 habitantes, cifra que en la realidad y en la actualidad fácilmente orillaría el número de 600.000. Lo que sucede o lo que deje de suceder en Asunción es sumamente importante para la vida del país, en ella se concentra el poder político, administrativo, jurídico, los medios de prensa, etc. Por lo tanto, lo que pasa en Asunción, tiene una repercusión a nivel nacional.
No se debe dejar pasar por alto la presentación del equipo de trabajo que acompañará la gestión de Samaniego durante los próximos años en el municipio capitalino. Equipo en el que se incluye como jefe de seguridad al Comisario Mario Agustín Sapriza. Un hombre ligado a la tenebrosa dictadura Stronista que finalizara en 1989 y manchara de sangre el reciente pasado paraguayo que todavía reclama justicia. El mismo es denunciado como una de los torturadores de la época dictatorial, pero que como muchos otros de su partido, se reciclo en la transición democrática y siguió –impunemente- participando en la vida política del país. Fue comandante de la Policía Nacional, viceministro del interior durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y actualmente es el jefe de seguridad de la ciudad de Asunción.
21 años después de caída la dictadura el pueblo paraguayo debe soportar la ofensa que un torturador sea nombrado como jefe de seguridad de la capital del país, lo que representa un grave retroceso para la construcción de una democracia que sea responsable y respetuosa con los derechos humanos. Esta designación se acopla con otros hechos y elementos a nivel nacional que robustecen una política de seguridad de “mano dura” y enemiga de un proceso democrático; nos referimos por ejemplo a la realización del Operativo Triangulo instalado hace más de un año en el Departamento de Concepción a cargo de la FOPE (Fuerzas de Operativas de la Policía Especializada), así como el actual operativo policial “Ary Paha” (año que termina) con mayor fuerza en la zona del Área Metropolitana de Asunción: “ Los efectivos designados al operativo incluyen a diferentes departamentos de la Policía como Control de Automotores, Narcóticos, Montada, Fope, Orden y Seguridad entre otros ” 1 .
Todos estos operativos basados sobre la idea de buscar, perseguir, atrapar delincuentes, para acabar con la inseguridad, y por supuesto, dentro de un esquema policial con alto grado de estigmatización donde el pobre representa al delincuente. Al ser desplegados estos operativos poco obtienen de sus objetivos formalmente establecidos: que giran alrededor de “brindar seguridad a la ciudadanía”, y por el contrario lo que se logra es criminalizar a los sectores, personas, barrios y asentamientos empobrecidos.
Entre otras cosas Sapriza promete organizar comisiones de seguridad ciudadana, un fuerte control en los espacios y plazas públicas, la creación de una policía municipal, “porque en las plazas se realizan actividades que no condicen con las buenas costumbres y con el respeto hacia los demás ciudadanos, entonces, cubrir todas esas plazas con personal efectivo por 24 horas para vigilar y permitir a la ciudadanía ocupar de vuelta las plazas, eso en coordinación con la Policía Nacional, prestar el auxilio a la Policía Nacional en cuanto a la información correspondiente de los vecindarios más conflictivos para que se monten operativos especiales”2. Prometiendo así, intensificar operativos que se dirijan contra los barrios que él denomina conflictivos, entre los que seguro se encuentran los bañados, chacharitas y otros barrios pobres marginados de la ciudad.
Se sigue entonces, diseñando una política de seguridad represiva, cubierta de uniforme policial y militar, con la consigna (falsa) más policías, mas operativos, mas cárceles, para disminuir la seguridad y la violencia, mientras que no hay ni siquiera aproximación a un política de empleo, que genere fuentes de trabajo para la dignificación de la población, ni tampoco una discusión sobre seguridad, ciudadanía, democracia, en términos muchos más amplios que permitan la vigencia y el respeto de los derechos humanos.
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