Calificadoras y terrorismo financiero
29 DE SEPTIEMBRE 2014 - 12:01 AM
Las “calificadoras de riesgo” atribuyen una nota a un Estado, una empresa o a un activo en función de su solidez financiera y con el fin de indicar al mercado el diferencial (spread) de la tasa de interés que conviene aplicar. En 1996, cuando la periodista amiga Jenny Silva estaba en el diarioReporte de la Economía le declaré acerca de la política económica del presidente Caldera, comentando, además, acerca del papel del Fondo Monetario Internacional y de estas calificadoras, a las cuales llamé “terroristas financieros”. Cuando fui nombrado cónsul general en Nueva York, se quejaron. Después de que llegué a Nueva York, investigué lo que hacían y ratifiqué la opinión que sobre ellas tenía: en ese momento, desde un sucucho como oficina lanzaban todo tipo de calificaciones interesadas y las más de las veces sin ningún fundamento, todo lo cual hace subir los intereses que deben pagar nuestros países al endeudarse o renegociar deudas vencidas. No han sido capaces de predecir ninguna de las crisis financieras que se han experimentado desde que funcionan. Eso no es lo peor: lo es la complicidad de funcionarios locales de nuestras naciones. Uno de los nuestros se reunía secretamente en el Hotel Intercontinental con representantes de esas calificadoras; lo agarraron después al salir del cargo, en una de las aduanas de Estados Unidos, con un maletín repleto con más de 40.000 dólares.
En principio, se supone que las “calificadoras de riesgo” son instituciones independientes, incorruptibles, que visitan países y empresas para analizarlos y luego decirles a los ahorristas e inversionistas lo que hay que pensar de su gobernanza, de la solidez financiera, de su transparencia. Mediante su “nota” fijan de hecho las tasas de interés que las naciones y empresas deben pagar para poder obtener préstamos y realizar otras operaciones financieras. Estas “notas” las fijan tres empresas privadas para todo el mundo (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch). Pero lo más sorprendente es que estas empresas son remuneradas por las compañías que visitan para que les otorguen una “nota”. Estas agencias se supone que se preocupan por mantener su imagen y reputación. Pero, también tienen en mientes no desagradar a sus clientes, quienes pueden llamar a otra agencia competidora si piensan que la “nota” otorgada fue injusta o insuficiente.
Esto es lo que sucede: como los otros actores de este cuento, las “calificadoras”, preocupadas por obtener el máximo beneficio de sus clientes, queriendo participar súbitamente en la riqueza, otorgan las “notas” con una indulgencia culpable, sin incluso ir a visitar todas las empresas, sin analizar sus diversos y engañosos productos financieros (la subprima) que arrojaron la crisis a finales de 2008. En realidad, el ingreso total de las agencias se duplicó de 2002 a 2008 al pasar de 3 billones a 6 billones de dólares. Las ganancias de Moody’s se cuadruplicaron. Durante 5 años consecutivos, el margen de Moody’s fue incluso el más elevado de las 500 empresas más grandes analizadas por la revista Fortune, empresas estas que se supone analiza y vigila Moody’s. Hoy S & P pasó de ese sucucho a lucir un majestuoso edificio en la avenida Las Américas de Nueva York.
En noviembre de 2012, la prensa internacional informó que Standard & Poor’s perdió un juicio en Australia por las pérdidas millonarias causadas durante la crisis financiera de 2008 en un caso que abrió las puertas para otras reclamaciones de hasta 200.000 millones de dólares en todo el mundo. El tribunal federal falló a favor de 13 ayuntamientos australianos que perdieron más de 16,5 millones de dólares por la adquisición en 2006 de los Fondos Rembrandt, un producto financiero creado por el banco de inversiones holandés ABN AMRO que recibió la máxima calificación de AAA por parte de S & P. Se le condenó por nota “falaz y engañosa” de un producto financiero.
Se informó el 4 de febrero de 2013 en The New York Times que el departamento de Justicia presentó un libelo de demanda por fraude contra la agencia calificadora más grande del país, Standard & Poor’s, acusando a la firma de inflar las notas otorgadas a las inversiones hipotecarias. Decía el escrito: “Knowingly and with the intend to defraud, devised, participated in, and executed a scheme to defraud investors”, esto es: “Conociendo y con la intención de defraudar, diseñó, participó y ejecutó un esquema para defraudar inversionistas”. Y: “Also falsely represented that its ratings were objective, independent, uninfluenced by any conflicts of interest”, es decir: “También representó falsamente que sus notas eran objetivas, independientes, no influenciadas por ningún conflicto de intereses”.
Y cuando estalló la crisis del euro, el famoso semanario alemán Die Zeit tituló, el 24/7/2012: “Die Willkür der Rating Agenturen: Ab einem gewissen Rating wird die Lage hoffnungslos. Eine Studie zeigt, wie die Rating-Agenturen die Krise verschärfen”, queriendo decir: “La arbitrariedad de las agencias calificadoras: después de una cierta nota la situación deviene desesperanzadora. Un estudio indica cómo las agencias calificadoras intensificaron la crisis”. El estudio lo realizó el profesor doctor Manfred Gärtner.
Todo lo anterior señala la perversidad que existe en la forma como fueron creadas y como funcionan las susodichas calificadoras. Esta función debería desempeñarla una institución pública o una cuyo objetivo no sea el lucro. Informar una “nota” desalentadora, arbitraria, desde Nueva York, capital mediática del mundo, y crear una onda expansiva de desesperanza contra un Estado o una empresa es lo que he llamado, desde 1996, “terrorismo financiero”. Es también una forma de dominar, atemorizar, de hacerlos más dependientes, de obligarlos al “default”, a renegociar en condiciones desventajosas, de exponer estas naciones, empresas, al escarnio público internacional, a la par que crea caos en los países receptores de las notas. Es verdad que hay corrupción y mal manejo de la deuda en nuestros países, pero dada la sensibilidad y repercusiones de estas informaciones deberían tratarse con prudencia, como se recomienda generalmente. La demanda que hicieron en Australia es lo correcto y deberían hacerlo los países afectados injustamente por esos pronunciamientos. Es una forma real de defender los intereses nacionales contra esa piratería financiera apoyada en motivaciones muy sospechosas, cuestionables. En lugar de quejas y acusaciones demostrando impotencia, actuar legalmente.
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