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martes, 9 de noviembre de 2010

Policías obligaron a campesinos a comer tierra


Los abogados Roque Orrego (izq.) y Juan Martens de CODEHUPY
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El informe presentado por miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), en una audiencia pública realizada el 3 de noviembre en el local de la entidad sobre la calle París casi Colón de Asunción, se puede ver una nómina de los casos emblemáticos de torturas y represión policial que se presentó ante la comisión de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 25 de octubre pasado.
El caso número uno del documento entregado por CODEHUPY a la OEA es una denuncia de tratos crueles y degradantes y torturas presentada contra el comisario Ricardo Chaparro Riveros, ex jefe de la comisaría de Horqueta (Departamento de Concepción) y otros policías individualizados, entre ellos el suboficial Carlos López (domiciliado en la comunidad de Santa Librada de Horqueta) y el suboficial Cristino Martínez.
El documento y el video presentado en la ocasión muestran que los maltratos ocurrieron durante un desalojo violento de un grupo de campesinos acampados en una propiedad ubicada frente a la estancia del ganadero Jorge Camperchioli. El escrito señala que el suboficial Martínez “apretó contra el suelo a Marcos Báez, diciéndole que coma la tierra si tanto quería y reclamaba tierra propia, así como porque era campesino sin tierra”.
Los hechos denunciados ocurrieron el 6 de julio de 2008 y el jefe del operativo policial fue el comisario Chaparro. Otra parte del documento señala que el campesino Alcides Paniagua también fue presionado a tragar tierra, si es que no quería recibir más golpes de palo y cachiporras. Los campesinos estaban reclamando al gobierno de Nicanor Duarte Frutos la expropiación de las tierras de Camperchioli.
El desalojo fue ordenado porque estaba a punto de asumir Lugo como titular del Poder Ejecutivo, ya que tenía fama de ser un “socialista” que presionaría al Parlamento Nacional para llevar a cabo la reforma agraria a toda costa. Inclusive, teniendo como último recurso el apoyo a las ocupaciones de tierras (ver nota de Ultima Hora).

Caso Chaparro, en el “oparei”

El informe de CODEHUPY señala que la denuncia contra el comisario Chaparro y los demás policías terminó en el “oparei” (se esfumó como si fuera alcanfor). El asunto es que el sumario administrativo fue archivado por la Dirección de Justicia de la Policía Nacional. El informe del 23 de junio de 2009 del abogado Carmelo Caballero, viceministro del Interior, señala que los investigados fueron sobreseídos el 18 de noviembre de 2008 “por no existir elementos de convicción suficientes para sustentar la responsabilidad de los sumariados en el hecho investigado”.
Los abogados de CODEHUPY demostraron que los investigadores ni siquiera llamaron a declarar a los testigos, a las víctimas y victimarios. Martens dijo que la Dirección de Justicia de la Policía Nacional alegó que no tenía medios para viajar hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, tampoco respondió al ofrecimiento de la entidad de DDHH, que ofreció vehículos para trasladar al equipo de la Justicia de la Policía hasta Horqueta.
Por su parte, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, que tiene su sede en Asunción, pero con jurisdicción en todo el país, tampoco hizo gran cosa para castigar a los policías denunciados. No obstante, CODEHUPY aclara en sus denuncias que es difícil en investigar las torturas, ya que no está bien tipificado por el 309 de la Ley 1160/97, Código Penal.

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