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miércoles, 10 de septiembre de 2008

Se habran olvidado?


Texto: Inter American Express (2.007)
Foto: Andrés Colman Gutierrez (de mi archivo personal)

PARAGUAY

En este período se ha cumplido un año de la desaparición del periodista radial Enrique Galeano y los ataques a periodistas persisten, mientras que el presidente Nicanor Duarte Frutos firmó el 22 de febrero del 2007 la Declaración de Chapultepec, comprometiendo formalmente al Estado paraguayo en la defensa irrestricta de la libertad de prensa. Duarte Frutos realizó algunas declaraciones que resultan preocupantes, al concluir el acto protocolar de la firma de Chapultepec, ya que recomendó mecanismos de autocensura en los medios de comunicación y para los periodistas.

El asesinato de Santiago Leguizamón; que permanece impune desde1991; y la desaparición forzada de Galeano, periodista de la norteña ciudad de Yby Yaú desaparecido el 4 de Febrero de 2.006, a manos de narcotraficantes con respaldo de políticos de la zona, fueron los temas centrales de las conversaciones de una delegación de la SIP con el presidente Duarte Frutos y representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

Paralelamente, organizaciones civiles y los pobladores de la zona de Yby Yaú han intentado mantener el caso Galeano en la agenda pública como una prioridad en la lucha contra la impunidad.

El caso Galeano aparece como fundamental para el avance y la consolidación de la libertad de prensa a la luz de los acontecimientos ocurridos desde la última asamblea de la SIP. La mayor parte de las agresiones y ataques a periodistas se dieron en zonas rurales o de fronteras con otros países, sitios donde es alarmante la vulnerabilidad de la labor de la prensa. Estos son algunos ejemplos: el 11 de noviembre, el locutor Arnaldo Ríos, de la radio Yerutí FM, de la ciudad de Caazapá, fue amenazado con un revólver en la vía pública por el candidato colorado a la Junta Municipal, Tito Prieto. Con gritos de "te voy a matar", Prieto respondió a las críticas que se le formularon en el programa radial. El 23 de ese mes, Rosendo Duarte, corresponsal del diario abc Color en la fronteriza ciudad de Salto del Guairá, denunció varias llamadas anónimas de amenaza de muerte. En los últimos días, el periodista había publicado informaciones acerca de la mafia contrabandista que opera en esa zona limítrofe con el Brasil.

El 13 de diciembre, el reportero del diario regional Vanguardia, de Ciudad del Este, Antonio Amarilla, fue amenazado de muerte. Las personas que llamaron mencionaron las últimas publicaciones del periódico, instalado en la peligrosa frontera con el Brasil.

El 15 de febrero, el corresponsal del canal 9 de televisión y del diario Última Hora, en Coronel Oviedo, Javier Núñez, fue amenazado de muerte por el brasileño Vernicio Scherer, procesado por el delito de reducción de automóviles robados. El 17 de ese mes, se denuncia la censura a un programa de radio en la localidad de Ybycuí presuntamente por orden del influyente senador oficialista Julio César Fanego. El programa, conducido por el periodista Aldo Lezcano, criticaba la actitud prepotente y de abuso de poder del legislador. Sólo dos días más tarde, periodistas del departamento del Alto Paraná denuncian restricciones a la labor de la prensa y agresiones verbales en la Municipalidad de Ciudad del Este y en el local regional del Ministerio Público.

El pasado 6 de marzo, Alberto Núñez, corresponsal de los diarios La Nación y Crónica, en Capiibary, departamento de San Pedro, fue tomado como rehén durante media hora por un grupo de traficantes de madera. El periodista fue golpeado y amenazado durante su cautiverio; su cámara fotográfica fue destruida. Núñez viene publicando desde hace varios meses una serie de notas acerca del tráfico de madera, la depredación de la reserva forestal del lugar y la complicidad de las fuerzas policiales en esta actividad ilegal. Se sindica como principal responsable del grave ataque a un hombre identificado como Marcial Centurión, quien encabeza un grupo dedicado a la tala ilegal de árboles y el tráfico de madera.

Una vez más, la fiscalía y la policía han sido incapaces de ofrecer seguridad al periodista afectado, a su familia y dar garantías al trabajo de los demás medios en la zona. Pese a las declaraciones de varios testigos, la Policía todavía no detuvo a ninguno de los autores del atentado contra Núñez. La indefensión de Núñez es tal que hasta el mismo jefe policial, Enrique Isasi, se encargó de amedrentarlo. Molesto por la serie de publicaciones realizadas por el periodista acerca de los traficantes de madera y la depredación de la reserva forestal de Capiibary, Isasi le dijo en presencia de testigos: "Dejáte de presionar a los rolleros(traficantes de madera), porque vos solo sos periodista, no valés nada".

Una gran cantidad de demandas y querellas por difamación y calumnias se han presentado ante los órganos judiciales, en los cuales se verificó una preocupante tendencia a penar con desproporcionada severidad a los periodistas y medios de comunicación. El 14 de octubre, el camarista Arnaldo Martínez Prieto entabló una demanda civil contra el diario ABC Color por daño moral y reclama G. 5.000 millones (alrededor de US$ 1.000.000) como indemnización. Martínez integró el tribunal que revocó la condena al ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, en el caso de auxilio financiero irregular del Instituto de Previsión Social (IPS) al Banco de Desarrollo. Ese mismo día, se presentaba una querella del abogado Oscar Schouten contra los periodistas Héctor Guerín y Fermín Jara por difamación y calumnia. Los periodistas habían publicado informaciones que vinculaban a Schouten con la llamada "mafia de las marcas", que ingresa al país mercaderías en forma irregular. El 5 de diciembre, la Corte Suprema ratificó la condena a 10 meses de prisión contra el periodista del diario abc Color Luis Verón. Verón fue querellado por el arquitecto Luis Pereira Javaloyes luego de publicaciones que criticaban los trabajos de restauración hechos en el templo de Piribebuy, patrimonio histórico y cultural del país. La Justicia ignoró los dictámenes de reconocidos peritos que confirmaron el daño hecho al templo y al retablo de la iglesia. A finales de ese mes, Carlos César Rojas Mignarro; quien cuenta con frondosos antecedentes por estafa, disparo intencionado, apropiación y coacción sexual; entabló una demanda por difamación y calumnia contra el director del diario La Nación, Alejandro Domínguez Wilson-Smith. Rojas Mignarro fue implicado por la investigación fiscal en un robo de cheques del Ministerio de Educación y Cultura, lo que fue publicado por La Nación. Tan solo días antes, el senador del gobernante partido colorado Juan Carlos Galaverna amenazó con entablar una nueva querella contra el diario abc Color, alegando que el editorial del día anterior había propuesto su asesinato. Galaverna ya le ganó un juicio por varios cientos de miles de dólares al referido periódico.

Digo Yo hoy, con la frente erguida y la conciencia tranquila, aunque con la gran tristeza de que en una de las manifestaciones haya habido una victima fatal y un accidentado grave, quien repara el grave daño moral y psicologico causado a mi familia por el constante acoso moral y de amedrentamiento que mi familia sigue sufriendo de parte de Magdaleno Silva, aunque hoy con menos intensidad que antes. Mis hijos no asisten a clases por miedo, ademas de los comentarios de algunos de sus compañeritos en tonos de burla.

Tan solo pregunto quien pagara esos daños? No es una cuestion monetaria, es una cuestion moral. El Sindicato de Periodistas del Paraguay debe arbitrar los mecanismos para que quienes de un modo u otro han atacado la moral de la entidad en la persona de sus asociados, minimizando con ello las denuncias de atropellos a la libertad de expresion en nuestro querido Paraguay.

Por mis hijos y por los de mis colegas victimas de los atropellos de éstos badulaques mercenarios del poder, ruego a las Organizaciones No Gubernamentales en el Paraguay, asi como los organismos pertinentes busquen paliar el sufrimiento de mi familia, que aun siguen en el Paraguay








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